El colectivo de los autónomos afronta la primera semana de pagos con la caja sin ingresos por el parón de la actividad económica decretado para tratar de contener la propagación del coronavirus. Por eso la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) insiste en reclamar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos medidas que alivien esa situación, desde la suspensión de la cuota para todos los trabajadores por cuenta propia hasta el aplazamiento en el pago de impuestos.
En concreto, y de cara al Consejo de Ministros ordinario de mañana, la organización dirigida por Lorenzo Amor solicitan la suspensión de la cuota de autónomos de los meses de marzo, abril y mayo. En el caso concreto de la cuota de marzo, que ya ha sido abonada, ATA insta a su devolución inmediata y de oficio a todo el colectivo, sin que se cobre recargo alguno a quienes la hayan devuelto. La asociación de trabajadores por cuenta propia calcula que la cuota supone unos ingresos para el Estado de unos 1.000 millones de euros al mes.
El Gobierno solo contempla que no paguen la cuota aquellos trabajadores autónomos que hayan declarado el cese de actividad, bien porque no pueden abrir por el estado de alarma bien porque su facturación ha caído más de un 75%. Pues bien, ATA exige que todo aquel autónomo que por las medidas adoptadas no esté exonerado de la cuota, se le giren esas tres cuotas de marzo, abril y mayo en los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Pago de impuestos
Junto con la cuota, los autónomos piden también la suspensión de los trámites impositivos y de las obligaciones tributarias del primer trimestre, que estos trabajadores deben empezar a tramitar en unos días para su presentación en abril, y aplazar su presentación al próximo mes de julio.
Entre las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo está una prestación extraordinaria para autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio por el estado de alarma o hayan perdido más del 75% de su facturación, y recibirán el 70% de la base reguladora. Al respecto, ATA reclama que se reduzca ese umbral de pérdida de negocio del 75% al 30%, que se amplie de uno a tres meses el plazo de la prestación, que se pueda compatibilizar con tras prestaciones de la Seguridad Social siempre y cuando esta no supere el 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) y que se incluya en los supuestos de fuerza mayor para acceder a la prestación a las actividades ahora consideradas no esenciales.
Respecto a la norma que facilita a las empresas la aplicación de ERTE en estas circunstancias con el fin de evitar despidos, los autónomos piden que se elimine la cláusula que obliga a los empresarios a mantener el empleo durante seis meses desde la reanudación de la actividad y que se fije como fecha de finalización de los ERTE un mes posterior a la finalización del estado de alarma.
