The good fight (versión Trump)
A pesar de todo, la evidencia histórica demuestra que el gigante americano nunca ha dejado de aspirar al objetivo apuntado en el preámbulo de la Constitución de 1787: a more perfect Union. Un perfeccionamiento gradual que en buena parte ha sido posible gracias al diseño de un sistema de gobierno basado en la separación de poderes, con sus correspondientes balances y contrapesos.
Dentro del empeño por evitar la acumulación y abuso de autoridad, el Artículo III de la Constitución no fue especialmente generoso con el Poder Judicial. Sin embargo, con la llegada de John Marshall como magistrado jefe del Supremo en 1801, la Justicia en Estados Unidos terminará jugando en igualdad de condiciones. Desde el hito de Marbury vs. Madison, el Supremo compensó su ninguneo constitucional asumiendo la decisiva facultad de judicial review para quedar a la misma altura que el Legislativo y el Ejecutivo.
Dentro de la lógica de este original sistema, el presidente nomina a los jueces federales y el Senado los confirma. Trump ha colocado un total de 216 magistrados (incluidos dos en el Supremo) con depuradas credenciales conservadoras. Con independencia de cómo termine la saga de la vacante creada por el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, el hiperbólico Trump no falta a la verdad cuando presume de que ningún presidente (incluido el primero, George Washington) ha logrado tamaña plusmarca judicial con la interesada ayuda de la mayoría republicana en la Cámara Alta. Es por esto por lo que el impacto del trumpismo en Estados Unidos se prolongará mucho más allá de su mandato presidencial.