‘Somos’, policías municipales y destrucción institucional
En la serie Somos, producida por Netflix sobre la matanza en Allende, Coahuila, de marzo de 2011, uno de los momentos mejor logrados es cuando las operadoras del número de emergencias se ven rebasadas por algo totalmente anómalo: los teléfonos no dejan de sonar con llamadas de auxilio de los ciudadanos. El problema es que no hay a quién enviar a ayudar. Ese tema nos lleva a la actual situación de violencia en México.
Durante la masacre en Allende, nos recuerda Jacobo Dayán en un artículo publicado la semana pasada, se registraron 26 reportes al sistema de emergencias, una cantidad abrumadora si se toma en cuenta que esa población tiene 22 mil habitantes.
En su texto titulado Somos. Varias precisiones, Dayán reclama que la exitosa serie pasa muy por encima de factores que hicieron posible una tragedia, que como él mismo argumenta, fue en una basta zona y no sólo en Allende. Por ejemplo, la serie “matiza la participación de las autoridades locales. La policía municipal participó activamente. Fueron instruidos para no salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran”. Igualmente esos uniformados se involucraron en el “levantamiento” de familiares de aquéllos a quienes Los Zetas responsabilizaban de una traición (https://www.animalpolitico.com/nunca-mas/somos-varias-precisiones-serie-netflix/).
Si un mérito tiene la serie a pesar de sus limitaciones –pierde demasiado tiempo en situaciones irrelevantes como la dinámica de un equipo juvenil de futbol americano–, insisto con lo que publiqué aquí hace unos días: su virtud es que la gente se puede interesar en informarse sobre lo que Dayán nombra como la masacre “más grande de la historia mexicana reciente”.
Somos tendría una virtud extra. Si se abriera el debate sobre cómo una comunidad, o varias, pueden ser engullidas por el crimen organizado, tendríamos que revisar lo que tuvo que pasar para que eso ocurriera en Coahuila, y entre esas cosas están, por supuesto, policías corruptas e ineptas, condiciones que muchas veces van juntas.
Aunque de manera marginal, en la serie queda claro para quiénes operaban los policías de Allende: para los cárteles. Y eso no es ficción. La discusión sobre qué hacer para que los cuerpos policiales de los ayuntamientos, los eslabones más débiles de la cadena, no terminen sirviendo a la delincuencia organizada llevaba décadas en nuestro país. Digo llevaba porque en este sexenio desapareció de cuajo uno de los instrumentos que pretendía darle algo de viabilidad a las teorías y a las propuestas para fortalecer esas corporaciones.
En la Nexos que circula este mes hay un detallado, y desolador, recuento sobre muchos de los programas e instrumentos de gobierno que Andrés Manuel López Obrador ha desmontado, entre ellos subsidios para la seguridad municipal.
Según expone en la revista Eunises Rosillo, consultora de Lantia Intelligence, el Presupuesto 2021 no incluye una partida por 4.1 mil millones de pesos. “La eliminación de estos recursos que se otorgaban a municipios implica que se ha dejado de capacitar y evaluar, de mejorar condiciones laborales, de equipamiento y de infraestructura de los cuerpos policiales locales”. Si se suman otros recursos que se han suprimido para diferentes programas que van desde prevención del delito hasta atención a víctimas, estaríamos hablando de un recorte en seguridad –sostiene la autora– de casi 7 mil millones, que “representan casi el presupuesto para 2021 de Segob o de la Secretaría de Economía”.
Policías municipales que funcionen adecuadamente, afirman expertos, son indispensables si se quieren solucionar la inseguridad y la violencia. Antes de AMLO estábamos mal en ese renglón, pero no se ve cómo quitarle recursos a esas corporaciones ayude a construir la paz.
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