Anticorrupción atribuye a Francisco González un delito de administración desleal por utilizar recursos de BBVA para uso personal

La Fiscalía Anticorrupción ha atribuido a Francisco González un presunto delito de administración desleal "por haber utilizado recursos" de BBVA "para su uso exclusivamente personal", en referencia a una valoración encargada para la adquisición de una finca a título privado.

En un escrito presentado el 8 de julio, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro han requerido al juez que cite a declarar al exdirectivo de la entidad financiera en el marco de la pieza número 9 del 'caso Tándem', en la que se investigan los contratos de BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público han solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que prorrogue la instrucción de la causa por un plazo de seis meses para continuar con la investigación.

El juez acordó la imputación de Francisco González en noviembre de 2019 por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en relación a los contratos con el ex alto mando de la Policía investigado en la Audiencia Nacional.

La "operación Trampa", novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano. A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

El juez considera que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".

En esta actuación, Anticorrupción se refiere a la utilización de los recursos del banco para valorar la adquisición de una finca a título privado, cuestión que ya salió a la luz durante el interrogatorio del exdirector de Riesgos del BBVA Antonio Béjar, también investigado.

Según Béjar, el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad, ahora jefe de auditoría interna, Joaquín Gortari, le habría dado "instrucciones precisas" para investigar la situación jurídica del propietario de una finca que Francisco González quería comprarse en El Escorial (Madrid).

A tenor de su versión, Gortari le trasladó que González había pedido hablar con "los detectives esos" que trabajaban para el banco para que indagasen al respecto, en referencia a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo. Fuentes jurídicas apuntan que puede ser un error de la Fiscalía porque Francisco González ya declaró sobre este tema y, además, queda explicado en el expediente disciplinario de Joaquín Gortari.

En su informe, Anticorrupción también propone que se cite como investigado al responsable de comunicación del BBVA, Pablo García Tobin, al guardar "relación estrecha con los hechos investigados" en esta pieza separada sobre los negocios del excomisario.

Además, su testimonio "no se encuentra amparado por secreto profesional alguno" y serviría para esclarecer los indicios pues "dada su posición, se evidencia un trato cercano al expresidente de la entidad", en alusión a FG (Francisco González).

Los fiscales se remiten al interrogatorio de la responsable de seguridad física, Inés Díaz Ochagavia, quien relató que crearon una carpeta en la nube para "levantar la información" que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt, a instancias de García Tobin.

Anticorrupción sostiene que en la información de la que dispuso PwC a la hora de elaborar su "foresic" más en la documentación referenciada por el BBVA "no consta" ni aquella carpeta "ni la relación específica de metadatos" que podría permitir trazar el archivo desde su creación a la actualidad. Ello "evidenciaría qué personas estuvieron autorizadas a acceder y si existió borrado de algún archivo, máxime cuando existen correos electrónicos con archivos sin que consten los adjuntos".

Para la Fiscalía, todo ello se debe a que la contratación de los servicios de Cenyt fue "al margen del procedimiento de selección de los proveedores de la entidad" y "se mantuvo opaca para muchas de las personas que deberían haber tenido conocimiento".

El Ministerio Público cuestiona además la "presunta colaboración" del BBVA, si bien admite que la condición de persona jurídica investigada "impide que se le pueda requerir a que presente los datos pues se encuentra amparada por su derecho de defensa".

Sin embargo, "nada impide dejar constancia de la falta de colaboración, y no porque esté obligada, sino porque en todos los escritos presentados afirma su voluntad de colaboración que (...) resulta, sino incierta, totalmente sí sesgada e interesada".