Los 27 aprueban el pago de 10.000 millones de los fondos europeos para España
Otros 10.000 millones de euros. Los 27 han aprobado este martes el pago del primer tramo de los fondos europeos –después de la prefinanciación de 9.000 recibidos en verano– para España. El Comité Económico y Financiero, donde se reúnen los número dos de los ministros de Finanzas de la UE, ha ratificado este martes el aval de la Comisión Europea del pasado 3 de diciembre en apenas 18 días, cuando disponía de hasta cuatro semanas.
A partir de aquí, toca comitología este miércoles –reunión de la Comisión Europea con un comité compuesto por representantes de todos los países de la UE– y, a partir de ahí, el Ejecutivo comunitario puede tomar la decisión del pago a finales esta misma semana.
Ahora está por ver si el dinero llegará este 2021, como prevé el Gobierno, o se demora hasta entrado enero. España ha sido el primer país en solicitar el pago ordinario de los fondos de recuperación y, también, en recibir el aval de la Comisión Europea.
Según fuentes del Ejecutivo, el Gobierno ha acelerado en el último trimestre la adjudicación de los fondos europeos que tenía presupuestada para el año 2021.
En las cuentas de este curso incluyó una partida que rondaba los 24.200 millones de euros vinculada al Plan de Recuperación y Resiliencia. De esta cifra, al cierre de la pasada semana tenía ya autorizadas partidas y proyectos que corresponden al 78,6%, unos 19.000 millones de euros (el total de los fondos europeos previstos para 2021, sumando los 9.000 millones de prefinanciación ya entregados y los 10.000 que se esperan "en los próximos días"), según informan fuentes del Ministerio de Hacienda.
El objetivo es que esta cifra sea lo más cercana posible al 100% cuando concluya el año.
En expedientes ya iniciados y, por tanto, comprometidos, son unos 17.300 millones de euros, el 71,2% de lo que se encontraba presupuestado. Las obligaciones reconocidas, un concepto contable que correspondería a grandes rasgos al gasto ya ejecutado, son 14.963 millones de euros. Por último, las comunidades autónomas han recibido 11.247 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Lo que ha evaluado la Comisión Europea para estos 10.000 millones, y ratificado el Comité Económico y Financiero de la UE, es el cumplimiento de 52 hitos, desarrollados hasta mediados de 2021.
Los hitos y objetivos aparecen descritos en una suerte de contrato –operational arrangement–, unas disposiciones operativas para los 27 que detallan el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos de las reformas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo firmó el 4 de noviembre; el propio Gentiloni, el 9; y la Comisión y el Gobierno lo hicieron público el pasado 10 de noviembre.
España contaba con que no hubiera problemas para estos 10.000 millones que ha aprobado el Ejecutivo comunitario. Pero las curvas pueden llegar con lo que está por venir, en particular la reforma del mercado de trabajo y de las pensiones. La primera, aún en el diálogo social, debe estar publicada en el BOE antes de que acabe el año. La segunda, antes del verano de 2022.
En relación con esta última, España y Bruselas han firmado la extensión del periodo de cómputo de años para la jubilación. Hubo muchos tiras y aflojas en la comisión del Pacto de Toledo, en el diálogo social y dentro del Gobierno de coalición. Hasta tal punto, que el Gobierno sopesó hasta el último minuto enviar a Bruselas una propuesta de reforma de las pensiones que recogiera expresamente un aumento de 25 a 35 del número de años cotizados para calcular la prestación a cobrar al llegar a la jubilación. Así consta en la penúltima versión de las fichas que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea, a la que tuvo acceso elDiario.es y que se distribuyó en las últimas semanas de 2020. La versión definitiva que envió a Bruselas ya no recogía esta precisión, aunque sí mantenía la intención de ampliar los años de cálculo.
En mayo se conoció el texto enviado a la Comisión Europea, el componente 30, que definía varias cuestiones de la reforma de pensiones, como el margen temporal en el que pretende aumentar lo que cotizan los salarios más altos de manera progresiva, durante las próximas tres décadas, y sobre el periodo de cómputo para calcular la pensión se usa el verbo "adecuar" a partir de 2023.
El componente 30 del Plan europeo de Recuperación tenía por título 'Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo'. "La reforma de las pensiones está orientada a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo, preservando su adecuación y suficiencia en la protección frente a la pobreza, y garantizando la equidad intergeneracional", recoge el documento, que enfatiza la voluntad de la que la reforma adquiera el consenso en el diálogo social después de alcanzar el acuerdo político en las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Un mes después, ya en junio, ese verbo "adecuar" da paso al verbo "extender" en los documentos. El hito 408, llamado "adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación", se define como "entrada en vigor de la legislación relativa a la adecuación del período de cómputo, extendiendo el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación".
Pues bien, en el contrato conocido en noviembre, las disposiciones operativas para la evaluación de los hitos y metas a los que se ha comprometido España para los fondos europeos, se vuelve a decir lo mismo.