El Gobierno de Castilla-La Mancha se personará ante asesinatos por LGTBIfobia, según un anteproyecto de ley
Una norma, nacida del «consenso» con todos los colectivos implicados, según Fernández, que ahora pasará al Consejo Consultivo para tener su visto bueno y, según las previsiones que manejan, puede regresar al Consejo de Gobierno en torno al próximo febrero para convertirse en proyecto de ley, y finalmente podría ser aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha en torno a mayo o junio del 2022.
«Esperamos que cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios porque es algo que nos concierne a todos», ha manifestado la portavoz, que ha apuntado como novedad que la Junta pueda personarse ante los asesinatos por LGTBIfobia, al igual que ya hace frente a los asesinatos machistas.
La Ley se compone de 65 artículos, estructurados en un título preliminar, cinco títulos, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
@Blanca_CLM: "Se trata de una ley muy esperada, muy trabajada, muy dialogada y consensuada con la sociedad castellanomanchega, pero especialmente consensuada y trabajada con las entidades #LGTBI y con personal y organizaciones expertas en la materia”. #CLM pic.twitter.com/9ihLjs8AAh
— Castilla-La Mancha (@gobjccm) December 21, 2021
Blanca Fernández ha detallado que sus principios rectores son la protección de los derechos humanos; la atención de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTBI; garantizar la igualdad real y efectiva y la no discriminación; la perspectiva de género «porque las mujeres también se tienen que movilizar y visibilizar en este movimiento»; tiene carácter integral y transversal; prevalece la atención respetuosa a la diversidad en los diferentes niveles del desarrollo; se fundamenta en la cooperación interadministrativa, no solamente por parte de la Junta Comunidades sino del resto de administraciones; contempla el deber de intervención ante la discriminación; da visibilidad a las personas que conforman el colectivo LGTBI en Castilla-La Mancha y siempre prevaleciendo el interés superior de la niñez.
En cuanto a los derechos recogidos son: igualdad y no discriminación; libre desarrollo de la personalidad; integridad personal frente a la violencia; intimidad personal, familiar y propia imagen; la promoción de salud física, mental, emocional, sexual y reproductiva, así como a los recursos y resarcimientos efectivos y la reparación de derechos violados.
En este sentido, la consejera ha señalado que «por ejemplo, la norma prohíbe taxativamente las terapias y pseudoterapias de aversión, contracondicionamiento y conversión que, no responden a la ciencia sino más bien a la ideología, que han hecho mucho daño y que han provocado muchas situaciones traumáticas a muchas personas».
Atribuciones, organización y gestión
En cuando al contenido de la norma, Blanca Fernández también ha explicado que la Administración regional se pertrecha de la obligación de adaptar la documentación de la Junta de Comunidades en sus distintos niveles administrativos; y adecuar esa documentación a la heterogeneidad del hecho familiar y al respeto a la identidad sexual de la persona y a su intimidad.
Además, ha puntualizado la consejera, la Junta de Comunidades también se personará ante los asesinatos por LGTBIfobia «que se puedan producir en las mismas condiciones en las que nos personamos frente a los asesinatos machistas». A ello, hay que sumar que en la Ley se apuesta por la formación y la sensibilización mediante campañas de información y de sensibilización y también contempla una apuesta firme por la formación especializada del personal de la Junta.
También, se establecerán mecanismos para la coordinación interna y para la participación externa como son la Comisión de Diversidad, en la que está representado todo el Gobierno regional; el Consejo LGTBI de Castilla-La Mancha, en el que estará representada la sociedad civil; y un Servicio de Atención Integral a las personas LGTBI en el plano jurídico, psicológico e incluso en el ámbito social y laboral que se pondrá en marcha a partir del año próximo.
Además, ha añadido Blanca Fernández, «establecemos mecanismos de evaluación y de puesta en marcha si fuera necesario de un sistema de acogimiento temporal para personas LGTBI que se encuentren en situación de vulnerabilidad, hayan podido ser expulsados de su hogar, o sufran problemas de rechazo familiar que les provoquen encontrarse sin residencia».
La Ley también recoge el Plan Estratégico de Políticas Públicas LGTBI para la coordinación y atención a la diversidad en toda Castilla-La Mancha; el impulso a una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias; la Unidad de Atención Multidisciplinar a personas transexuales intersexuales de Castilla-La Mancha, que funciona desde hace unos años en el Hospital de Cuenca; y finalmente se introduce el Protocolo que se aplica desde 2017 para adecuar el tratamiento de las personas a su identidad sexual.
Para finalizar la exposición del contenido de la Ley, la consejera ha remarcado que «establece obligaciones para todas las áreas de Gobierno, de la misma manera que dota de herramientas a otras administraciones que quieran trabajar conjuntamente en la materia».