Álava busca una escultura romana de Baco de la que ha perdido el rastro
Desde que se excavó por primera vez en 1976, el yacimiento arqueológico ubicado en la actual Arkaia, uno de los concejos que integra Vitoria, no ha dejado de brindar sorpresas en forma de restos romanos y prerromanos. Si en un primer momento aparecieron el yacimiento y también las termas mejor conservadas de la zona, unas obras de 2015 propiciaron unas excavaciones que hicieron aflorar también construcciones de los siglos I y II, decoraciones hechas a base de mármol y restos caristios de los siglos I y II antes de Cristo. Todo está documentado y de todo se tiene constancia; de todo menos de un busto del dios Baco, que es como conocían los romanos al que para los griegos era Dionisio, deidad de la fertilidad y el vino. Durante años, el Museo de Arqueología de Álava expuso a Baco, pero con una copia en yeso que se talló y que se retiró en 2009 con una reorganización de la colección.
Según ha revelado el periódico 'El Correo' en los últimos días, el busto original habría estado en manos de Jon Buesa Blanco, exportavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava. Hermano del dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Buesa, ha sido un conocido empresario en Vitoria dedicado a la ingeniería civil. Durante años, ha tenido un despacho en la calle de Manuel Iradier, donde llegaron a estar domiciliadas tres empresas. En el sumario del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Álava, se descubrió que el parque tecnológico de Miñano había simulado un concurso en el que competían entre sí las tres y tras el cual, lógicamente, una de ellas se llevó la adjudicación. Una de esas tres firmas era de su socio Sergio Fernández Oleaga y se llamaba Stoa. Es una de los sociedades clave de la trama, ya que se demostró que Fernández Oleaga abonaba comisiones para recibir contratos.
La escultura original de Baco se la habría entregado en mano el operario que la descubrió entre los demás restos de Arkaia. En ese momento, Jon Buesa era ingeniero de obras públicas de la Diputación de Álava. Explica también que el propio Museo de Arqueología se encargó de documentar con fotografías la escultura y que elaboró incluso una réplica en yeso. La Diputación sí tiene localizada esta pieza, que estuvo en el museo hasta el año 2009, cuando se llevó a cabo una reorganización de la colección. Este periódico se ha puesto en contacto con Buesa, pero no ha accedido a responder preguntas en torno al paradero de la escultura original. A preguntas de 'El Correo', se ha escudado en que lo que él posee es también "una réplica idéntica" y no la pieza original.
El de Arkaia es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Álava y cuenta, entre otras cosas, con el complejo termal en mejor estado de conservación de toda la provincia. La población habría formado parte de Suestatium, una 'mansio' romana; esto es, un núcleo situado al borde de una carretera —en este caso, en concreto, la que ligaba Astorga con Burdeos— con la intención de que los oficiales y las personas dedicadas al negocio pudieran alojarse allí. No es el primer asunto relacionado con un yacimiento arqueológico romano en el que tiene que tomar cartas la Diputación de Álava. La sentencia del juicio a un caso que la propia institución llevó ante los tribunales condenó en 2020 a dos responsables de la excavación de Iruña-Veleia —a apenas dieciséis kilómetros de distancia de Arkaia— por falsificar informes para otorgar legitimidad a unos hallazgos "excepcionales" que iban a hacer del lugar la nueva Pompeya y a reescribir la historia del euskera y el cristianismo. No fueron tales. Aunque la Diputación pedía en aquel caso hasta siete años y medio de cárcel para Eliseo Gil, director de la excavación, y que abonara hasta 600 euros por cada una de las piezas que dañó —se llegaron a hacer inscripciones falsas con un punzón—, la estafa se saldó con una condena penal mínima y una indemnización de 72 euros por pieza.
Patrimonio "robado y perdido"
El asunto ha generado preocupación entre arqueólogos. La Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología ha emitido un comunicado en el que muestra su indignación por el tratamiento que se le ha dado a un patrimonio que considera "robado y perdido". De hecho, la propia Diputación aseguró en un primer momento que el asunto había prescrito y que no se podía hacer nada por recuperar el busto. Por ello, esta plataforma se ha dirigido por carta al ministro de Cultura y Deportes, el socialista Miquel Iceta, para que, en aplicación de la ley de Patrimonio Histórico Español, "verifique la existencia de la pieza escultórica, [la] ubique y concrete de quién es la propiedad", para después proceder a la incoación de un expediente que resulte en su declaración como bien de interés cultural. Entre otras cosas, un bien de interés cultural es de dominio público y goza por tanto de una protección especial por parte de la Administración, requiere de una autorización especial para cualquier modificación y no puede sacarse del país. Además, deben agilizarse las visitas públicas y la investigación en torno a él.
Señala la plataforma que entiende que la ley faculta al ministerio dirigido por Iceta a "tomar medidas encaminadas a garantizar la conservación" del patrimonio y a "fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él". Le insta, en ese sentido, a tomar medidas para obtener toda la información que sea posible en torno a la pieza. "No sabemos muy bien cómo esta pieza terminó en manos privadas, y en la actualidad tanto la Diputación Foral de Álava como el resto de administraciones se desentienden del caso y no investigan el paradero de esta pieza que resulta importante por su escasez en tierras vascas", protesta la plataforma en un comunicado.
En contraste con el 'no' inicial a tomar cartas en el asunto, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha defendido este mismo martes que el busto tendría que ser una pieza "pública", "en manos de la Diputación". "Es deplorable cualquier apropiación de un bien patrimonio de todos los alaveses", se ha quejado, y ha prometido que la Diputación hará "todo lo que esté en su mano dentro de la ley" para recuperarla. La Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología considera, de hecho, que el Gobierno vasco, amparado por la ley de Patrimonio Cultural, también puede involucrarse en el asunto. Esta ley entiende que integran el patrimonio cultural vasco y merecen, por tanto, protección, conservación y puesta en valor "todos aquellos bienes culturales inmuebles, muebles e inmateriales que ostentan un valor artístico, histórico, arqueológico, [...] antropológico, [...] arquitectónico o de cualquier otra naturaleza que merezcan ser considerados de interés para su reconocimiento y transmisión intergeneracional".