HAN transcurrido diecisiete años desde que el socialista Pasqual Maragall denunciase en un pleno del Parlamento catalán que la extinta Convergència Democrática de Cataluña (hoy PDECat), tenía «un problema con el 3 por ciento». Maragall aludía a la red de comisionistas e influencia política que venía desplegando Convergència con múltiples empresarios, a los que beneficiaba con licitaciones públicas a cambio de dinero para financiar el partido y el lucro personal de diversos dirigentes. El 3 por ciento –el peso de las mordidas– se convirtió desde entonces en el símbolo de una corrupción generalizada que ahora la Fiscalía Anticorrupción describe como «sistemática» en aquella Cataluña. Allí el dinero obtenido ilegalmente emergía con la misma facilidad con la que lo hacían las bases más radicalizadas del independentismo que años después dieron lugar al 'procés'. Concluida la investigación judicial en 2020, ahora Anticorrupción acusa a una treintena de empresarios y contables, gerentes y tesoreros de CDC, para los que reclama hasta 21 años de cárcel por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, fraude, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Es decir, el catálogo completo de los delitos propios de una corrupción global que proliferó entre los años 2000 y 2015. El caso del 3 por ciento no era sino una extensión perfeccionada e institucionalizada de la corrupción protagonizada por el 'clan Pujol', el más escandaloso caso de enriquecimiento ilícito conocido en Cataluña. La acusación formal que hace la Fiscalía es solo una demostración más de la doble moral –de la doble inmoralidad, mejor– del independentismo, que mientras cultiva la ruptura con España a base de argumentos emocionales y pretendidamente 'libertadores', comete todas las ilegalidades posibles del mapa penal de la corrupción. Del nacionalismo al separatismo solo había un paso, y Convergència lo dio para crear su enésima cortina de humo y ocultar lo que era un clamor en toda Cataluña y estaba a punto de descubrirse. Todo un sistema corrupto masivo se subió a lomos del independentismo para tratar de tapar sus propias vergüenzas, y cuando quiso instaurar como lema definitorio de su coartada aquel «España nos roba», todo resultó ser una tapadera: quienes robaban eran ellos, y lo hacían a los propios catalanes. El mal se convirtió en endémico y la 'omertá' en torno a una corrupción clientelar empezó a derruirse. Tanto, que algunos de los empresarios cómplices de esta trama organizada se han visto forzados a colaborar con la Justicia para rebajarse años de cárcel. Convergència nunca fue ese partido que se hacía pasar por institucional para garantizar la gobernabilidad de España, sino la cobertura de un separatismo intransigente que se empeñó en huir hacia adelante cuando fue sorprendido con tanta suciedad bajo las alfombras. El importe de lo investigado asciende a 218 millones en licitaciones de Convergència, y aparecen acreditados más de nueve millones de euros en donaciones ilegales solo para financiar al partido. Ni siquiera la trampa de hacer pasar al PDECat por un partido diferente a Convergència les ha salido bien, porque hay evidencias de que uno es el sucesor del otro, y que el único cambio relevante fue puramente de apariencia. Igual que ERC y el PDECat propugnan la desactivación del delito de sedición, cabe preguntarse si ahora exigirán también al Gobierno la inutilización del blanqueo, el fraude, el cohecho, la prevaricación, o el tráfico de influencias para mantener a salvo la impunidad del independentismo. El problema no lo tienen solo con la unidad de España por más que sobreactúen, sino con el Código Penal, la corrupción, y la podredumbre de un sistema que idearon solo para financiarse y hacerse con dinero fácil. Entre los 30 acusados por Anticorrupción, hay diversos empresarios de hasta diecisiete compañías partícipes del sistema corrupto del '3 por ciento'. No sería justo poner el foco de la crítica y la denuncia solo en los políticos. Sin empresarios en busca de contratos públicos, con deseos de agradar al poder establecido y con ansias de ganar dinero, aunque sea con los métodos turbios propios del cohecho, este tipo de corrupción política no sería factible. Sin empresarios medrosos para recibir adjudicaciones de las administraciones públicas a costa de lo que sea, nunca habría existido esa trama. Son una parte alícuota y relevante del problema y, en gran medida, cooperadores necesarios en la degradación del sistema. Tan corrupto es el empresario que se ofrece como el político que concede y accede, porque este círculo vicioso y perverso se retroalimenta de esta manera. La regeneración sigue pendiente en nuestra política, pero también en mucho empresario sin escrúpulos.
