MOPT daría millonario contrato a empresa investigada por corrupción en Perú
Viceministro de Infraestructura niega selección pero defiende a empresa y asegura que volverán a investigar
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) seleccionó como posible contratista para supervisar la construcción de un tramo de la carretera a San Carlos, a una empresa peruana que es investigada por supuestos hechos de corrupción en Perú.
La compañía Acruta y Tapia Ingeniería resultó ser la que ofertó menor precio para el contrato de supervisión denominado “Servicios de consultoría para realizar el apoyo a la supervisión del mejoramiento de las rutas: Nacional No.35, tramo intercambio Sucre-Abundancia y terciaria No. 700, sección de control 21790, camino Alto Sucre -Ron Ron, en San Carlos”, por el cual el MOPT le pagaría $839.000.
La intención de adjudicar a la empresa peruana el contrato para la supervisión fue comunicada por parte de la unidad ejecutora del Programa de Infraestructura del Transporte (PIT), a los demás oferentes desde el pasado 26 de octubre.
“Se le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior”, dice el documento que advierte a los otros oferentes que pueden presentar un reclamo o solicitar mayor información sobre el rechazo de su propuesta.
A pesar de que ese documento anunciaba la selección, el viceministro de Infraestructura, Alejandro Guillén, quien funge como encargado de dicha unidad ejecutora, insistió ante las consultas de este diario en que la adjudicación no está en firme.
Guillén incluso defendió a la empresa alegando que no se encuentra en una lista negativa del Banco Interamericano de Desarrollo.
“Ellos no han sido sancionados, ni tampoco están en la lista negativa del BID (...) sé que hubo falsificación de algún documento en el Perú, pero fuera de eso cuando nosotros hicimos el due diligence (investigación) la empresa salió limpia del lado nuestro, eso lo hizo la unidad ejecutora”, dijo Guillén.
Al ser cuestionado sobre si mantendrían la selección a pesar de las irregularidades en torno al actuar de la compañía, el jerarca aseguró que están investigando y que, para no atrasar la carretera, el mismo MOPT se encargará de la supervisión e insistió en que la adjudicación no está en firme.
Pese a que en los documentos, de los cuales este medio tiene copia, se confirma la intención de contratar a la compañía, el jerarca negó que se hubiese dado una selección.
“A ellos no los vamos a contratar todavía, tenemos que organizar primero, estamos evaluando justamente, estamos investigando y no queremos adjudicar para que después nos vaya a salir un problema, estamos viendo a ver qué nos dice también el BID, vamos a hacer un poquito más de investigación”, añadió.
Inhabilitaciones y embargos
Según consta en la resolución Nº 2561-2020-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado del Ministerio de Economía de Perú, la empresa Acruta y Tapia recibió en el 2020 una inhabilitación para contratar con el Estado de Perú por 40 meses, debido a que se determinó que presentó documentación falsa como parte de una propuesta para participar en un concurso público en el 2019.
Pese a la sanción, la empresa continuó realizando obras gracias a medidas cautelares a su favor, según publicó el diario El Comercio de ese país en julio del 2021.
En tanto, una investigación del medio independiente Convoca.pe con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), reveló que la compañía Acruta & Tapia Ingenieros estuvo investigada por la Fiscalía de Perú, en relación al caso de pago de sobornos de Odebrecht.
Ese mismo artículo detalla que la empresa fue incorporada como tercero civil responsable en el caso Vía Costa Verde – Callao una importante obra de ese país y por la cual se le impuso el desembolso de $12,8 millones como reparación civil por irregularidades en el proyecto.
De acuerdo con la publicación, la empresa además supervisó al menos ocho obras que ejecutaron constructoras brasileñas —investigadas por el caso Lava Jato—, entre 2003 y 2017, en diferentes regiones del país.
Por esa investigación, la compañía enfrentó el embargo de bienes por alrededor de $1,6 millones para garantizar el pago de las reparaciones civiles al Estado.
La contratación para la que inicialmente el MOPT seleccionó a esa firma en nuestro país, se realizó mediante un concurso dirigido a ocho empresas internacionales.
Además de la supervisora peruana, se invitó a enviar sus propuestas a firmas consultoras de Estados Unidos, Israel, Brasil, España, Colombia, Italia y Costa Rica.
De acuerdo con la revisión de ofertas que realizó el comité especial conformado para esa selección, solo cinco de las ocho compañías presentaron sus propuestas.
En el acta de recomendación se detalla que las cinco empresas cumplieron con los requisitos de admisibilidad y sumaron el máximo puntaje de evaluación en la parte técnica, por lo que la selección recayó en la oferta de menor valor económico.
La contratación para la citada labor de supervisión sería financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo como parte del mismo programa con el que se financia la carretera a San Carlos.