Nicaragua retira la nacionalidad a 94 personas, entre ellas a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli
Las autoridades de Nicaragua, por orden del régimen de Daniel Ortega, despojaron este miércoles de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y al excomandante de la revolución Luis Carrión.
También a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, al excanciller Norman Caldera, al ex magistrado sandinista Rafael Solís, al exembajador ante la OEA Arturo McFields, al periodista Carlos Fernando Chamorro y a otros 85 nicaragüenses acusados de delitos considerados "traición a la patria", según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
En la resolución, leída por el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, se ordena además "la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritas a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos".
Prófugos de la justicia de Nicaragua
Asimismo, a los acusados se les declaró prófugos de la justicia. "Ténganse a los (94) acusados por traidores a la patria por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente", señala la sentencia.
El magistrado Rodríguez dijo que los 94 nicaragüenses habían sido acusados por el Ministerio Público de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnologías de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
Los magistrados de apelaciones de Managua explicaron que tomaron esa decisión en base a la Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, que fue aprobada el jueves pasado de forma expedita, así como la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020.
Las autoridades judiciales notificaron de esa sentencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Gobernación y al Consejo Supremo Electoral.
Los 94 personas afectadas
Además de los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y el obispo Báez, los otros nicaragüenses despojados de su nacionalidad son el excomandante de la revolución Luis Carrión, la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, el excanciller Norman Caldera, el exmagistrado sandinista Rafael Solís.
También el exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, el exvicecanciller Salvador Stadthagen, el académico Ernesto Medina, el exministro de Educación Humberto Belli, la investigadora Elvira Cuadra y los políticos opositores Kitty Monterrey, Eliseo Núñez, Enrique Sáenz y Edipsia Dubón.
Además los periodistas Carlos Fernando Chamorro, Sofía Montenegro, Luis Manuel Chavarría Galeano, Jennyfer Ortíz, Lucía Pineda Ubau, Patricia Orozco, Camilo de Castro, y el corresponsal del diario español El País Wilfredo Miranda.
La lista incluye a dos antiguos colaboradores del presidente Daniel Ortega: Julio López y Mónica Baltodano; defensores de derechos humanos, sacerdotes, ambientalistas, disidentes sandinistas, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Desde entonces, el régimen ha optado por despojar de la nacionalidad nicaragüense a las voces críticas como forma de represión.
El pasado 9 de febrero, el Gobierno de Nicaragua liberó a un grupo de 222 denominados presos políticos y los envió en un avión hacia Estados Unidos.
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