El inminente inicio del curso escolar, el 11 de septiembre, se ha convertido en el principal catalizador en Galicia del debate a nivel político, a pleno rendimiento de nuevo desde esta semana. Mientras las aulas del sistema público se preparan para acoger a 225.013 alumnos desde el próximo lunes, Xunta y oposición dirimen una pugna que, en último término, se reduce al contraste entre dos modelos. PSdeG y BNG llevan días reclamando el regreso de la gratuidad de los libros de texto, independientemente de la renta, entre otras medidas, mientras el gobierno gallego y el PPdeG rechazan el «café para todos» y defienden su apuesta progresiva. Este martes el presidente Alfonso Rueda insistió en que el sistema que impera en Galicia con el ejecutivo conservador «realmente funciona», frente al «caos» que se «generó» en la «anterior época del bipartito». Desde Vigo, donde visitó la escuela infantil da Cidade da Xustiza, acompañado por la conselleira de Política Social, Fabiola García, Rueda concedió que el método ahora en vigor «tenía fallos que corregir», y que se fueron enmendando hasta desembocar en un curso, el 2023/24, en el que, «conscientes» de que las familias tienen las «cosas más difíciles», especialmente por la inflación, se van a «incrementar» las ayudas para la compra de material, aumentando «las cantidades y los porcentajes de familias» beneficiarias. La semana pasada ya puso en valor que la Xunta, con un presupuesto de 26 millones de euros, eleva un 12% las aportaciones para comprar libros de texto y en casi un 40%, hasta 130.000 alumnos, los destinatarios del vale para material. Todas las familias con renta per cápita igual o inferior a 10.000 euros —antes el listón estaba en los 6.000— podrán recibir un bono por valor de 60 a 75 euros. En el caso de los libros, siempre en función de la renta, la ayuda pasa de una horquilla de 140-240 euros a otra de 160-270 euros. «Creemos que la progresividad sí funciona», defendió el titular de la Xunta. El clásico de los «recortes» El otro gran eje de las críticas de la oposición —y sindicatos— es la clásica acusación de «recortes» que redundaría en menos profesores y unidades pese al descenso del número de alumnos. Ayer el conselleiro del ramo, Román Rodríguez, insistió en TVG que Galicia tendrá este curso «más profesores y unidades» aun con casi 2.000 matrículas menos. Y que esto responde a la apuesta de la Xunta por la enseñanza pública, traducida en el hecho de que la Comunidad es la tercera con más inversión por estudiante y que la Consellería de Educación cuenta con el presupuesto más alto de su historia. Argumentos que no convencen a la izquierda gallega. Luis Bará, viceportavoz parlamentario del BNG, tras cifrar en 60 y 89, respectivamente, la reducción de plazas de docentes y unidades en Primaria, repitió el mensaje de la víspera de su jefa de filas, Ana Pontón, acusando al gobierno autonómico de «insensible, sin alma», sin «capacidad de reacción» frente a una «situación» de crisis que está «asfixiando» a las familias, dijo en O Hórreo. Para Bará, era el momento idóneo de reducir la carga horaria de los profesores, así como los ratios por aula, ante el descenso de matrículas por la caída de la natalidad. Pero —acusó— la «hoja de ruta del PP» pasa por «incrementar la financiación» a la enseñanza concertada y bajarla a la pública, lo que redunda en la tendencia opuesta en los alumnos matriculados, aseguró. Su homólogo en el Grupo Socialista, Luis Álvarez, avanzó que precisamente el miércoles 13 pedirá a Rueda, en la sesión de control, que valore —48 horas después— el inicio del curso. Álvarez auguró que la disminución de profesores y unidades también criticada por Bará es una «realidad de mínimos» que será finalmente «superior», y «considerablemente», pues se están «conociendo», todavía, «ajustes» en otros centros. De paso, aprovechó para achacar a la Xunta una estrategia por la cual habría aprovechado la caída de la natalidad para «hacer ajustes en las cuentas» y en el «servicio público de enseñanza». Al igual que el parlamentario nacionalista, apuntó a la concertada, donde apuntó que «ni de lejos» se da una reducción pareja en unidades o docentes, pues «no hay». Si bien se cuidó de matizar que no pretendía propugnar un «enfrentamiento» entre ambos modelos. Ya no se improvisa Al quite salió Alberto Pazos, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, quien para empezar tildó de «sorprendente» que el Bloque hubiera reclamado la comparecencia en el próximo pleno del conselleiro de Educación —así como del titular de Sanidade— para evaluar el arranque del curso escolar antes de haber dado comienzo —Bará protesto ante el «veto» del PPdeG por considerarlo «justificado»—. A partir de ahí, puntualizó que, además de que Galicia presenta una de las mejores ratios de España, el gobierno gallego, «a diferencia del anterior», maneja «criterios objetivos» y «claros» a la hora de mantener o cerrar unidades. El bipartito, en cambio, señaló, «castigaba» o «premiaba», desde la «improvisación», «en función d la simpatía con el gobierno municipal de turno». Lo que debería «preocupar» a los partidos gallegos no es la pérdida de aulas, profundizó, sino de alumnado, pero censuró que el gobierno tiene la «mala suerte» de estar «solo en la lucha contra ese problema». Antes del toma y daca en el Parlamento, Rueda, desde la nueva guardería viguesa —que dispone de 41 plazas—, ponía también en valor los 55 millones invertidos en el segundo curso consecutivo con la educación infantil totalmente gratuita de 0 a 3 años —sólo en vigor en Galicia—. Se benefician 31.000 familias que ahorrarán más de 2.000 euros, estima la Xunta. «Hechos» y «propuestas», reivindicó su presidente, mientras «otros siguen teorizando», en alusión a las críticas de la oposición. ANPE amenaza con una huelga antes de empezar las clases Reducir la carga horaria y burocrática a la que se enfrenta el profesorado gallego, y las ratios de alumnado por profesional docente, son las demandas que envió ayer a la Xunta la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza (ANPE Galicia). El colectivo, aseguró su presidente, Xulio Díaz, hará «todo lo posible» por que arranquen las negociaciones. Pero, de no darse, no descarta convocar movilizaciones e, incluso, ir a una huelga al filo del inicio del nuevo curso. Es una materia en la que otras comunidades sacan ventaja a Galicia, que está «está a la cola», insistió Díaz este martes, en una rueda de prensa que ofreció en Santiago. Puso de ejemplo la Educación Infantil, que «sigue en 25 alumnos» por aula, mientras otras regiones los cifran en 20; y también se refirió a los «sacrificios» que debió realizar el profesorado durante la pandemia con el aumento de horas lectivas. «No vamos a permitir que vayamos a una negociación para que se nos propongan cosas que teníamos mejoradas antes» de que impactase el Covid, advirtió el presidente de ANPE. Así las cosas, el colectivo espera de que la Consellería de Educación decida dar inicio a las conversaciones durante el primer trimestre escolar. «No podemos esperar más. Esta negociación debe arrancar ya», apeló Díaz. A renglón seguido, criticó las medidas autonómicas anunciadas a pocos días de empezar el curso y que, a su modo de ver, «están en pañales», como es el caso de la figura del coordinador de bienestar, presentada el día 1 de este mes para su entrada en funcionamiento a la par que el nuevo curso escolar, el lunes 11. No les parece «de recibo», censuró, que se anuncien «constantemente medidas que no están testadas, [para las] que el profesorado no está formado» y con las que se topan, «como siempre, de repente». Antes de poner fin a su intervención ante los medios, el presidente de ANPE se refirió a las ayudas que la administración autonómica destina a la educación concertada y afeó que se adjudicase una ayuda 450.000 euros a ésta, y no a la pública, para incluir diferentes figuras profesionales. «Los alumnos de pública tienen que tener los mismos derechos que la concertada, no podemos permitir que este alumnado tenga una serie de profesionales que en la pública no», zanjó Díaz.
