Yolanda Díaz sobredimensiona su equipo en Trabajo con dos secretarías y cuatro direcciones generales
Yolanda Díaz se ha consolidado como uno de los baluartes del núcleo duro en torno a Pedro Sánchez tras revalidar su condición de vicepresidenta segunda y seguir al frente de la cartera de Trabajo. Y, como tal, se ve legitimada a seguir ampliando el peso del Ministerio. Por ello, nada más ser nombrada oficialmente, ha anunciado que en esta nueva andadura el departamento contará con dos secretarías de Estado, una más que en la anterior legislatura, la que estaba a manos de Joaquín Pérez Rey, y cuatro direcciones generales.
El nuevo organigrama apunta a una sobredimensión global para afrontar la segunda parte de la reforma laboral que pretende llevar a cabo durante los próximos cuatro años. Por ello contará ahora con una secretaría de Trabajo -en la que Díaz parece que volverá a contar con Pérez Rey-, a la que se ha añadido el epígrafe Nuevas Formas de Empleo, y otra de Economía Social.
Asimismo, la vicepresidenta segunda contará también con cuatro direcciones generales, una genérica sobre Trabajo, otra relativa a Trabajo Autónomo, una tercera sobre Nuevas Formas de Empleo y la cuarta sobre Economía social y Responsabilidad Social de las Empresas. Son dos más que en la anterior estructura interna, cuando solo había dos direcciones: la de Trabajo y una global que agrupaba el Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, que ahora se ha desgajado en tres.
En manos de Yolanda Díaz queda uno de los principales puntos del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar: la reducción progresiva de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas en 2025 sin merma salarial y el reto de recuperar el consenso con la patronal dentro del diálogo social. También tiene en su punto de mira la reforma del despido y del sistema de protección por desempleo, para ajustarlo a la legislación europea, reforzando las causas del mismo, y la continuidad de la senda alcista del salario mínimo interprofesional (SMI), de forma que en el Estatuto de los Trabajadores quede reflejado que debe acompasarse al 60% del salario medio.