Editorial: Viene otro ajuste al IVM
En el 2017, cuando la proximidad de la crisis del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte resultaba innegable, el gobierno convocó una “mesa de diálogo” para encontrar soluciones. Siete meses más tarde, el país conoció los resultados, con una nota de cautela sobre la precariedad de los acuerdos alcanzados entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos, una copia perfecta de la integración sectorial de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En cinco años, se dijo con toda franqueza, habría necesidad de hacer una nueva convocatoria, porque los problemas estructurales no fueron resueltos. Quedaron, al parecer, pospuestos para la “mesa de diálogo” del próximo quinquenio. La del 2017 había salido del paso sin imponer mayores sacrificios a los dialogantes. Hubo 33 acuerdos, todos a costa de terceros, pero no se habló de la edad de retiro, el monto de las pensiones ni de ajustar las cotizaciones.
Era de esperar, porque todos los posibles afectados tenían un lugar en la mesa y razones para transar con los demás. Para agravar la situación, las principales sugerencias de la mesa no progresaron, pese a las promesas de la administración del momento de impulsar los cambios legislativos.
No habían pasado los cinco años cuando la CCSS, en el 2021, adoptó la reforma que regirá a partir del próximo 11 de enero con medidas necesarias, pero cargadas sobre los hombros de los pensionados. El cambio elimina la jubilación anticipada de los hombres y eleva la edad para adelantar el beneficio a las mujeres. También reduce el monto de las futuras jubilaciones entre un 3 % y un 12 % por cambios en las principales variables de la fórmula.
Eran ajustes inevitables, como resultaba obvio antes de la constitución de la mesa de diálogo. No obstante, pasaron cuatro años para concretarlos en un proceso totalmente independiente. La reforma no ha entrado en vigor y ya se anuncia su insuficiencia. La demostración es sencilla: el régimen está consumiendo sus reservas y eso lo encamina al fracaso.
Según Jaime Barrantes, gerente de pensiones, el acuerdo del 2021 nunca pretendió constituirse en solución definitiva, sino sostener el fondo mientras se pone en marcha una segunda etapa de reformas, más lenta y compleja. Esa etapa implica la toma de “decisiones país”, cuya aprobación exige acudir a otras instancias, como la Asamblea Legislativa. Por la descripción, el gerente parece referirse, al fin, a las reformas estructurales necesarias para asegurar la supervivencia del sistema.
Pero la CCSS acordó abrir una mesa de trabajo, también con participación de los sectores involucrados. El nuevo diálogo se iniciará en el 2024 y despierta el mismo escepticismo del proceso del 2017. Probablemente sirva para posponer las decisiones o transar nuevas medidas de efecto temporal.
La salud de los regímenes de pensiones es un asunto técnico y los acuerdos para poner en práctica las medidas necesarias son de carácter político, en el sentido más estricto de la palabra. La transacción y armonización de intereses diversos, a cargo de los interesados, difícilmente producirá las soluciones necesarias.
Para encontrar la salida, hace falta un liderazgo responsable, orientado por las opiniones de expertos. La negociación vendrá después, en el foro destinado a ese efecto por la institucionalidad democrática, que es la Asamblea Legislativa. No por casualidad la materia de pensiones está entre las excluidas del mecanismo del referendo por el artículo 105 de la Constitución Política. La plaza pública no es el lugar para resolver un problema técnico.