Denuncias por posibles «prebendas» cuestionan al letrado mayor del Congreso
Desde que aterrizara en el cargo de letrado mayor y secretario general del Congreso, Fernando Galindo ha estado muy cuestionado tanto por los partidos de la oposición porque ha roto con la «independencia» que tenían sus predecesores (Galindo viene directamente del Gobierno del PSOE y ha sido usado para allanar la tramitación de la amnistía) como por empleados de la Cámara Baja. En este sentido, en las últimas semanas, según señalan algunos empleados, se han encendido las alertas por posibles «prebendas» de Galindo a letrados para ganar simpatías y fortalecerse en el cargo. Cabe precisar que, además de los letrados, hay otros seis cuerpos de funcionarios que se encargan de que el Congreso de los Diputados y Senado funcionen correctamente.
Hay un episodio que ilustra estos movimientos que hace el letrado mayor: ha habido un letrado de las Cortes, veterano y con peso, que ha pedido una serie de beneficios económicos (a través de un complemento) que no están regulados en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales y Galindo es quien se encarga de gestionar este tipo de cuestiones. Inicialmente, Galindo había introducido esta petición del letrado en el orden del día para abordarlo en la reunión de este martes que van a mantener conjuntamente la Mesa del Congreso y la Mesa del Senado. Y, de hecho, hay fuentes parlamentarias que aseguran que la idea que tenía Galindo era desestimarlo.
Sin embargo, según ha podido saber LA RAZÓN, lo ha acabado retirando, al parecer a petición del propio beneficiado. Además, Galindo ha solicitado un informe a la asesoría jurídica de las Cortes para que se pronuncie sobre el encaje de la petición, aunque quien ostenta la asesoría jurídica también podría ser beneficiaria del complemento por su estatus, con lo cual incurriría en una causa de abstención. Las retribuciones de los funcionarios de las Cortes están reguladas entre los artículos 30 y 32 del Estatuto del Personal y el complemento que desea obtener el letrado es extraestatutario. Además, también se han adoptado acuerdos en reuniones de Mesas conjuntas (Congreso de los Diputados y Senado) que han dado lugar a la creación de nuevas retribuciones para los funcionarios (como los gastos de libre disposición y representación).
La petición del letrado beneficiario se registró en las Cortes el pasado 20 de diciembre y, desde entonces, dos meses y medio después, todavía no se ha tomado una decisión al respecto. Todo ello pese a que ha habido ya un informe del anterior interventor de las Cortes (dimitió en enero) que advierte que para regular esas posibles cantidades hay que adoptar un acuerdo en las Mesas del Congreso y del Senado (tal y como ocurrió en 1984). Además, ese informe señala que se aplicaría a «futuro» y beneficiaría a secretarios generales adjuntos y directores (es decir, beneficiaría a varios letrados). En las Mesas conjuntas de Congreso y de Senado se tienen que votar los acuerdos y ahí están integrados todos los miembros de las dos cámaras legislativas españolas.
Lo cierto es que este hecho, según señalan algunos empleados, es un ejemplo de cómo Galindo está gestionando los asuntos parlamentarios. Y eso está causando mucho malestar ya no solo entre el cuerpo de letrados, sino también en otros cuerpos de funcionarios porque también acaban siendo afectados (además de letrados, hay archiveros bibliotecarios, asesores facultativos, taquígrafos, técnico administrativo, administrativo y ujieres).
De aceptarse esos complementos, el beneficio económico sería bastante elevado (pueden ir desde los 1.000 a los 2.000 euros en función del cargo, tal y como señalan algunas fuentes) y eso, a su vez, iría en perjuicio de las arcas públicas, según denuncian voces parlamentarias.
Galindo tuvo un aterrizaje complicado en las Cortes porque se ha tenido que prestar a un papel complicado con la amnistía y las cesiones que rodean al independentismo e influyen directamente en el desarrollo de la actividad parlamentaria. De hecho, sus movimientos, destinados a complacer al PSOE, han generado malestar y división dentro del propio cuerpo de letrados. Una señal de esa división es que, recientemente, ha recibido negativas de letrados para asumir algunos puestos, como los de las comisiones de investigación del «lawfare», muy delicadas porque han generado un gran revuelo con el colectivo judicial (los jueces se pronunciaron unánimemente en contra).
Sin embargo, la imagen de mayor división dentro del cuerpo de letrados se produjo cuando los propios servicios jurídicos de la Comisión de Justicia contradijeron con un informe sobre la amnistía a Galindo. Los letrados de la Comisión de Justicia, con un documento demoledor, expusieron sus dudas sobre la constitucionalidad de la medida de gracia mientras que Galindo, previamente, había optado por dar trámite a la ley sin poner ningún objeción sobre el encaje constitucional. La postura de Galindo contrastó con la de su predecesor en el cargo, quien en 2021 había informado en contra de la ley de amnistía que habían intentado impulsar los partidos independentistas. Aunque es cierto que los posicionamiento de los letrados no son vinculantes, sus informes tienen mucho impacto político y, de hecho, generalmente se respetan por lo que el valor de la postura del letrado mayor era determinante.