Salpicado por el «caso Koldo», el expresidente canario Torres apunta a la ilegalización de la Fundación Franco
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, salpicado estos días por el escándalo del caso de corrupción del exasesor de José Luis Ábalos –la administración bajo el mandato del entonces presidente canario fue la que más facturó a la [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/tags/caso-koldo/|||«trama Koldo»]]–, ha hecho unas declaraciones que vuelven a poner sobre la mesa objetivos pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez en base a la Ley de Memoria Democrática.
En primer lugar, Torres ha marcado el camino de salida a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), cuya prevista ilegalización lleva en el aire –y anunciada– desde hace años, aunque la convocatoria de elecciones el pasado mes de julio paralizó las reformas en marcha para impulsar la puesta en fuera de juego de organizaciones que hagan «apología de la dictadura», entre ellas la FNFF, una medida contenida en la normativa vigente desde octubre de 2022.
El ministro fue interpelado por la complejidad de esta cuestión, porque habría que acometer una reforma de la Ley de Fundaciones. «Habrá que hacerse lo que se tenga que hacer, pero es indudablemente que no cabe una fundación de alguien que fue un dictador demostrado y que practicó durante décadas una política de exterminio de la libertad de las personas y cuestiones de más gravedad», señaló Torres en un acto informativo de Europa Press.
Según el titular de Memoria Democrática, se tienen que aprobar tres comisiones y un decreto del Consejo de Ministros para finalmente ilegalizar la Fundación Francisco Franco, pero evitó dar fechas para que se materialice esta ilegalización, aunque «el gran impulso [de la ley] se está produciendo en el año 2024».
Desde la FNFF deploran estas declaraciones. «Al ministro no parecen inquietarle las alusiones que le implican, según algunos medios, en la corruptela relacionada con el tráfico ilícito de mascarillas», dice Juan Chicharro, su presidente ejecutivo. «Le preocupa nuestra ilegalización, y pregunta por qué hay que mantener una fundación a Francisco Franco». El general de Infantería de Marina en la reserva apela a «la libertad ideológica» y la «igualdad ante la ley» de los españoles que recoge la Constitución, al tiempo que acusa a Torres de «sectario» y «totalitario como lo es la Ley de Memoria Democrática, cuya constitucionalidad está recurrida ante el Tribunal Constitucional». «Una norma que nos impone una única verdad, la suya, por ley: totalitarismo puro».
El presidente de la Fundación Franco «aconsejaría» al ministro «que ocupara mejor su tiempo y se dedique a defender su integridad personal y la de su partido ante todo lo que estamos viendo –no salen muy bien parados– y déjennos en paz a los que contamos cómo hubo un tiempo en España donde la única preocupación era el bienestar de los españoles y no la salvaguarda de intereses partidistas y personales».
Otra cuenta pendiente de Moncloa es el rebautizado Valle de los Caídos, Ángel Víctor Torres explicó que se están llevando a cabo las exhumaciones desde el pasado 12 de junio: «Hay ahí 33.000 personas, sus restos, después de 40 años, 50 años, llegaban en cajas, cajas compartidas si venían de un bando, cajas individuales si venían del otro, y eso es lo que tiene que saber también la sociedad. Nosotros vamos a dar los pasos pertinentes», señaló en referencia a la reiterada promesa de dar una visión diferente al espacio de la sierra de Guadarrama. Para ello, el Gobierno abrirá posibilidades para un estudio en el que haya propuestas de expertos. «Pero en cualquier caso debe ser un lugar que reivindique lo contrario de lo que reivindicó durante 50 años», puntualizó Torres.
Sobre las exhumaciones de José Moscardó y Jaime Milans del Bosch del Alcázar de Toledo, que también se planteó en su día, aseguró que «hay pasos» que se han dado, pero que se plantean más actuaciones desde distintos puntos de España para la retirada de la denominación de algunas calles, un clásico en cuestiones de Memoria Histórica.
[[QUOTE:BLOCK|||
«Detener el declive» del Valle de los Caídos, más complicado sin declaración BIC
La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), Vox y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica aguardan la conclusión del pleito por la incoación del procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el Valle de Cuelgamuros. La Comunidad de Madrid se desentiende porque considera que no es de su comptencia, sino del Estado, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid le pidió que razonara su negativa. Para sus defensores, el conjunto del Valle de los Caídos «no se halla integrado en Patrimonio Nacional», sino que «es un bien cuya titularidad pertenece a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos», por lo que el Gobierno regional está capacitado para «detener su declive».
]]