Vox exhibe sin tapujos su crisis interna y amenaza con su descomposición en el Parlamento de Cantabria
Vox en Cantabria se encuentra desde hace años en una grave crisis interna y amenaza con descomponerse. El último episodio vivido esta misma semana en el Parlamento de Cantabria, en donde su grupo se ha dividido públicamente a la hora de votar la retirada del sueldo de uno de sus diputados, Cristóbal Palacio, no ha hecho más que visibilizar unas malas relaciones que pueden acabar inaugurando el Grupo Mixto de la Cámara. Si no se hace es porque el grupo como tal desaparecería (son cuatro diputados y se requiere un mínimo de tres), por lo que, de no mediar expulsión de uno, seguirán manteniéndose en apariencia unidos aunque ya evidencian dos facciones enfrentadas: la que lidera la portavoz esta legislatura, Leticia Díaz, y la diputada Natividad Pérez, por un lado; y la del exportavoz Cristóbal Palacio y el diputado Armando Blanco, por otro. La destrucción del grupo parlamentario y el pasado de una facción o las dos al Grupo Mixto sería una debacle económica y política para todos ellos: los recursos económicos y en tiempos de intervención serían más reducidos, así como los medios a su disposición.
Este pasado lunes, el plenario del Parlamento de Cantabria, oída la Comisión del Estatuto del Diputado, leídos los informes de sus Servicios Jurídicos, aprobó por amplia mayoría retirar la dedicación absoluta a Cristóbal Palacio por compaginar su labor parlamentaria con sus negocios privados. Lo llamativo de este hecho, segunda vez que tiene a Palacio por objeto, es que los cuatro diputados de Vox votaron divididos: la portavoz Leticia Díaz y la diputada Natividad Pérez votaron a favor de la reducción del sueldo de su compañero junto a los demás grupos con representación en la Cámara: PP, PSOE y PRC.
La crisis interna del partido en Cantabria y, sobre todo, la del grupo parlamentario, no es algo nuevo, pero sí que lo es que se visibilice en una votación en la máxima institución de la comunidad autónoma. El "grave problema" que ya detectaba un informe interno de la formación en 2022 amenaza ahora con entrar en fase de descomposición: parte de la militancia se ha dado de baja o se mantiene al margen de las directrices del partido; el presidente de la formación, Emilio del Valle, diputado nacional en el Congreso y concejal en el Ayuntamiento de Santander, exconsejero del PP y hombre de confianza de Madrid, no se pronuncia nunca ni atiende los requerimientos que le hacen sus compañeros de partido en Cantabria; y las sucesivas ejecutivas se ven sacudidas por dimisiones masivas cada cierto tiempo: la última fue en 2023, en puertas de las elecciones.
Ante este telón de fondo se erige como una figura destacada el diputado Cristóbal Palacio, del cual ya existía un informe interno al que ha tenido acceso elDiario.es y que le responsabilizada de la situación: "La situación del partido en Cantabria es crítica y se encuentra prácticamente al borde de una nueva ruptura como consecuencia de la actuación de Cristóbal Palacio, conocida y tolerada desde hace tiempo por los responsables de Organización. Éste tiene la clara voluntad de hacerse con el partido e imponer sus propias reglas, la lista de candidatos en todas y cada una de las instituciones y su propio equipo de colaboradores para seguir haciendo lo que realmente le interesa: ser conocido como abogado".
El último espectáculo de Vox en el Parlamento no tiene que tener más consecuencia que la polémica de si Palacio ha de devolver la diferencia entre la dedicación exclusiva que cobraba y la que tendrá ahora (parcial, al 50%), pero cabe la posibilidad de una ruptura del grupo, en donde el diputado Armando Blanco tendría un papel esencial: si mantuviera la disciplina con la portavoz, el grupo seguiría existiendo, si apoyara a Palacio y la evolución de los acontecimientos llevara a los dos al Grupo Mixto, Vox se desintegraría y todos acabarían en el cajón de sastre sin representación oficial del partido en el Parlamento.
En declaraciones a Onda Cero, Cristóbal Palacio ha dicho que pidió al inicio de la legislatura la dedicación exclusiva, sabedor de que no sería aceptada, con intención de "abrir un debate" sobre qué perfil de político requería Cantabria en su Parlamento. A su juicio, la situación actual discrimina el acceso a la política de profesionales altamente capacitados que deberían de renunciar a su actividad privada. Palacio, quien ha anunciado que dejará la política al cierre de la presente legislatura, ha considerado que en el Parlamento ha de haber catedráticos, economistas, veterinarios... que contribuirían al debate de forma enriquecedora. La situación actual, por contra, es de "empobrecimiento brutal". La ruptura de su grupo la ha interpretado como divergencias de opinión y de la portavoz Leticia Díaz ha dicho que defiende un modelo del político como profesional, a diferencia de él, que defiende un modelo de profesional como político. Ante esta tesitura, solo cabrían dos opciones: o que los debates parlamentarios se celebren en sesión de tarde para que puedan acudir los "profesionales" o aplicar la dedicación exclusiva también a estos (y a él) aunque tengan actividad privada.
El diputado Armando Blanco, en la pasada legislatura enfrentado a Palacio, ahora se alinea con este y ha perdido la presencia en la Ejecutiva regional. Un giro de 180 grados que no hace olvidar que, en puertas de las elecciones de mayo de 2023, Blanco votó en contra de la candidatura de aquel (la candidata fue la actual portavoz, Leticia Díaz). Entonces, en una reunión de la dirección para proponer candidatos, Cristóbal Palacio solo contó con el apoyo de su gran valedor antes y ahora, presidente del CEP (Comité Ejecutivo Provincial) y factótum de Vox en Cantabria desde sus orígenes, Ricardo Garrudo, del cual había sido abogado de sus empresas en varios casos. La votación final en el seno del CEP "excluía absolutamente" la posibilidad de tener en cuenta al entonces portavoz de Vox como candidato.
Palacio quedó integrado en la candidatura que encabezaba Leticia Díaz como número dos, muy a su pesar, y de aquellos polvos han llegado los lodos de la división del grupo parlamentario, una situación que se evidencia política y físicamente, con un escaño de separación en la bancada entre ambos subgrupos, votaciones en contra de Palacio por su régimen de dedicación y presencia en la calle, en donde ambas partes rara vez coinciden.
Llueve sobre mojado. La candidatura de Palacio en marzo de 2019 ya le costó a Vox cinco dimisiones en su Ejecutiva en Cantabria. Palacio llegaba a la formación de extrema derecha 'rebotado' del PP de Torrelavega, en donde había figurado en su Junta de Gobierno Local, sin conseguir sus aspiraciones, ni siquiera como concejal. Dejaba, teóricamente, su vinculación con el Grupo Pitma, propietario en aquel momento del Racing de Santander y en cuyo Consejo de Administración se había sentado Palacio. Sin embargo, este siguió haciendo gestiones para Pitma como abogado durante la anterior legislatura, siendo como era su principal cliente.
Palacio no era precisamente popular entre los antiguos y los nuevos directivos de la formación de Santiago Abascal en Cantabria. A su actitud "altiva" y su "menosprecio", según fuentes de Vox en Cantabria consultadas por este periódico, por lo demás se unía la queja por la falta de dedicación a las labores internas. Incluso, recriminándole su actitud, Palacio llegó a afirmar en reuniones internas que "no dejaría de trabajar en su despacho de abogado salvo para ocupar el cargo de presidente de Cantabria".
Que ejerciera su actividad como abogado, disponiendo de una dedicación absoluta como portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, le ha generado a Palacio problemas dentro y fuera del Hemiciclo. En este, la labor parlamentaria la ha ejercido casi siempre el otro diputado, Armando Blanco, ya que desde sus propias filas lo han tachado de "absentista" en las labores de la Cámara.
Un informe interno de Vox da cuenta de ello, resaltando que la formación no tenía representante en las sesiones que celebraban las comisiones parlamentarias, salvo raras excepciones. Esto, que era público y notorio, fue consentido por el resto de formaciones y por la propia Cámara, cuyo reglamento establece que la dedicación absoluta y el régimen de incompatibilidades derivado implicaba una actividad continua como parlamentario.
Sin embargo, Palacio siguió manteniendo su portavocía, y en consecuencia su dedicación absoluta, hasta que el asunto saltó a la luz pública cuando pidió retrasar tres puntos de un pleno por incompatibilidad de horario con su trabajo. Ocurrió ya muy avanzada la legislatura anterior (diciembre de 2020) y el asunto acabó en manos de la Comisión del Estatuto del Diputado. El orden del día de aquel pleno se había modificado por "cortesía" parlamentaria de los demás grupos, pero lo más sorprendente es que nadie creyera que tuviera asignada la dedicación absoluta. Dicha "cortesía" ya acabó.
El dictamen de la Comisión del Estatuto de Diputado fue contundente: Palacio perdería su dedicación absoluta y vería reducido su sueldo de portavoz al 57% correspondiente a una dedicación parcial (cobraba como portavoz 66.664 euros), decisión que ratificó el plenario a puerta cerrada. ¿Cómo podía haber cobrado más hasta entonces? Según los demás partidos, porque pensaban que tenía dedicación parcial, responsabilizando a los Servicios Jurídicos de la Cámara no haber tomado cartas en el asunto. Como la polémica llevaba camino de no parar, se abrió una paradoja insólita: todos los portavoces debían tener dedicación absoluta, pero políticamente era cuestionable que un Parlamento condicionara quién debía ser su portavoz.
De puertas adentro, en Vox, se consideraba que ni aún así Palacio debería tener derecho a una dedicación parcial y solo a una indemnización o dieta por asistencia a sesiones, como ocurre con otros diputados, ya que la labor parlamentaria apenas se reducía a estas comparecencias. La situación era tan clamorosa como lo reflejaban las estadísticas del propio Parlamento: en 2022, de 110 veces que se reunieron las distintas comisiones, Palacio solo acudió a 10, 50 menos de lo que tenía que ser, siendo sustituido en aquellos casos por Armando Blanco. Ni siquiera cuando este hubo de ausentarse por baja médica, Palacio acudió para representar a su partido, según denuncian sus compañeros de filas.
La pasada legislatura la situación se resolvió salomónicamente: se cambió el reglamento de la Cámara para que el portavoz pudiera tener dedicación parcial, que es la que eligió el propio Palacio ante la tesitura de aceptarla o abandonar el escaño. No obstante, la Cámara nunca exigió a Palacio que devolviera lo indebidamente cobrado por una dedicación que no le correspondía y, en consecuencia, Palacio nunca la reintegró. La situación puede repetirse ahora: ¿Devolverá Palacio la demasía cobrada desde la constitución del Parlamento en 2023 hasta la actualidad? Los órganos rectores de la Cámara aún no se han pronunciado, aunque sí partidos como el PSOE, que ya ha pedido que reintegre la diferencia entre ambas dedicaciones.
La situación interna del grupo parlamentario de Vox era y es explosiva. El informe interno antes citado habla sin tapujos de "mobbing" durante la legislatura 2019-2023 a la periodista Laura Velasco y en aquel momento coordinadora de Vox en el Parlamento de Cantabria, quien acabó siendo trasladada al País Vasco y después a Asturias por la dirección nacional. Actualmente, Velasco es concejala y portavoz en el Ayuntamiento de Santander, habiendo por tanto abandonado el complicado ambiente de trabajo de la pasada legislatura en el antiguo Hospital de San Rafael, extensible también al diputado Armando Blanco, quien pese a sustituir al portavoz en sus labores parlamentarias era mantenido al margen de toda actividad interna y pública del partido.
Palacio se rodeó de gente afín como Niko Gutiérrez, presidente de Vox en Vizcaya, al que nombró coordinador parlamentario, y de cuyos servicios se ha prescindido en la nueva etapa del grupo, con Leticia Díaz como portavoz. Estas prácticas de colocar a cargos de otras comunidades como asesores se siguen manteniendo. Leticia Díaz ha nombrado recientemente para el cargo de coordinador a un parlamentario de Cataluña, Toni López Gómez, que es diputado por Lérida. La conflictividad no acaba ahí: una empleada del grupo está oficialmente de baja, aunque oficiosamente ha caído en desgracia de la nueva portavoz y, mientras se incorporan nuevas caras, no se descartan más salidas entre los asesores a sueldo del grupo.