La Audiencia Nacional ordena el bloqueo de Telegram por la “falta de colaboración” de Islas Vírgenes, donde está su matriz
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a Internet que operan en España que en el plazo de tres horas desde la recepción de su comunicación judicial bloqueen la red de mensajería Telegram. En un auto fechado este viernes, el titular del Juzgado Central Cinco sostiene que es una medida “necesaria, idónea y proporcional” y “para la que no existe alternativa”.
El magistrado argumenta que ha tomado esta decisión ante la “falta de colaboración” de Islas Vírgenes, el paraíso fiscal donde la aplicación de mensajería tiene su matriz. El juez solicitó el 28 de julio de 2023 a las autoridades de ese territorio su cooperación con el fin de que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para difundir contenidos piratas con ánimo de lucro. La resolución explica que “hasta el momento” no se ha dado esa colaboración.
Según el juez, el “incumplimiento reiterado” de esa petición “impide la continuación de la instrucción de la causa” y provoca que deban adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares. Esto es por Mediaset, Antena 3, Movistar y la entidad de gestión de derechos de autor Egeda, que acusan al sistema de mensajería de estar sirviendo para redistribuir sus contenidos sin su permiso.
A juicio del magistrado, las medidas cautelares solicitadas son las únicas posibles ante la falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes. “No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados”, subraya. Añade que la medida acordada es “idónea” porque su ejecución pondría fin a la infracción de los derechos de la propiedad intelectual denunciada al impedir el acceso a través de Telegram a esos contenidos. E insiste en que es “proporcional ante la gravedad de la conducta”.
En su resolución, Pedraz también explica que la medida está amparada por el artículo 13.2 de la ley de enjuiciamiento criminal. Ese artículo establece que en la instrucción de delitos cometidos a través de internet, el juzgado podrá acordar medidas cautelares como “la retirada provisional de contenidos ilícitos”, la “interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos” o “el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero”.
Telegram tiene unos 900 millones de usuarios en todo el mundo, según las últimas cifras oficiales publicadas por Pável Dúrov, el multimillonario ruso fundador de la compañía. Tiene unos 8,5 millones de usuarios en España, aproximadamente un 18% de la población, según el Panel de Hogares publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).