Precipitada y con deficiencias: las duras críticas de los jueces decanos a la ley de digitalización de Justicia
Ponen el acento en la necesidad de incrementar las plazas y las inversiones para que no “se consolide una Justicia de dos, tres o infinitas velocidades”
Las voces críticas se han hecho oír en las XXXII Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España, especialmente cuando se ha abordado el decreto ley que incluye medidas de transformación digital y procesal de calado en la Administración de Justicia por ser “precipitada” y por sus deficiencias técnicas y las contradicciones en su redacción, dando como resultado “un texto inconexo, un puzzle cuyas piezas no encajan”.
En sus conclusiones, han arremetido contra esta norma porque “se ha hecho sin escuchar a los jueces”, obviando su experiencia y el conocimiento directo que tienen del servicio público de Justica. “La reforma ha sido precipitada y el resultado ha sido un texto con deficiente técnica legislativa, que confunde términos jurídicos y contiene contradicciones”, subrayan.
En el encuentro, que se ha desarrollado en la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera desde el miércoles 17 de abril, se ha abordado lo que recoge la norma en materia de “eficiencia digital”, que para los jueces decanos se ha regulado “obviando la realidad tecnológica de los juzgados de este país” porque, aunque reconocen que en los últimos años ha habido avances, estos no se han dado al mismo nivel en toda España.
Los jueces decanos ponen el acento en la necesidad de inversión en las comunidades autónomas con competencias propias para evita que “se consolide una Justicia de dos, tres o infinitas velocidades”. Y sobre el tema de los recursos, creen que la precipitación de la reforma podría estar justificada por la urgencia de los plazos para acceder a los fondos europeos, pero critican que no se haya incluido una memoria económica, ni de previsión ni dotación presupuestaria alguna, algo a lo que en este momento se suma la certeza de que no habrá Presupuestos Generales del Estado, señalan.
También señalan que la regulación de los juicios telemáticos, a través de la reforma que afecta a los procedimientos penales y que permite la presencia telemática de acusados, testigos y peritos en los actos procesales, incluido el acto del juicio oral, requiere de recursos técnicos y de un acondicionamiento de las sedes judiciales para que sean “puntos seguros de acceso”. Para ello, deberían duplicar el número de salas de vistas y de salas polivalentes, con servicios comunes de videoconferencias y con medios adecuados y asistencia técnica permanente.
Sobre el uso de la inteligencia artificial, denuncian la escasa regulación que hay actualmente y que debería seguir las directrices comunitarias dados los riesgos que pueden afectar a derechos fundamentales. También insistieron en la necesidad de crear un sistema de control, supervisión y transparencia “que no contiene la actual reforma”
Además, sobre las oficinas de información para las personas que actúen sin asistencia de un abogado, que también recoge el decreto ley 6/2023, consideran que deberían depender de los decanatos de cada partido judicial dejarlas en manos de funcionarios de la Administración de Justicia.
Faltan 500 plazas
Nuevamente han insistido en la necesidad de que se adecue la planta judicial a las necesidades reales de los juzgados, un problema que califican como “la piedra angular del sistema judicial”. Para ello, se deberían tener en cuenta criterios como el número de jueces en los países europeos por cada 100.000 habitantes, la entrada de asuntos, la pendencia, la ejecución de sentencias, los tiempos de respuesta y las circunstancias excepcionales.
Sus peticiones, hasta ahora, han sido ignoradas. Y critican la cifra dada por el Informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2023, en el que se solicitaron 269 plazas de jueces unipersonales para todo el territorio nacional. Un dato muy alejado de las más de 500 que ellos manejan. Pese a ello, el Ministerio de Justicia solo creó 70 unidades judiciales en 2023 para todo el territorio nacional.
Por ello, aunque dan la bienvenida a cualquier norma que mejore la eficiencia procesal y digital, reiteraron que "si no viene acompañada del aumento de la Ley de Planta y Demarcación, su implantación tendrá una eficacia muy limitada, por lo que se están creado unas expectativas que lamentablemente se verán frustradas”.
Asimismo, se ha aprobado una Guía práctica de funciones y competencias gubernativas de los Jueces decanos. Y también solicitaron que las certificaciones las guardias las expisan los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de cada juzgado. Adicionalmente, solicitaron al Ministerio de Justicia que unifique las gestiones para retribuir las sustituciones profesionales para el dictado de sentencias.
También expresaron su solidaridad con los jueces y magistrados destinados en los partidos judiciales que afrontan la lucha contra el narcotráfico en la zona del Estrecho de Gibraltar y calificaron de insuficiente y tardía el refuerzo que ayer aprobó el CGPJ porque "no solventará el problema”, aseguran.