Vladimir Cerrón: Poder Judicial ordena juicio oral por presunto resguardo irregular
El Poder Judicial ordenó juicio oral contra el prófugo Vladimir Cerrón por el presunto delito de colusión y negociación incompatible, luego de que, en el 2019, cuando se desempeñaba como gobernador regional de Junín, habría solicitado resguardo de manera irregular a un efectivo policial.
Se trata del caso denominado Chaleco de Cerrón, por el cual el Ministerio Público pide nueve años de prisión efectiva e inhabilitación del ejercicio público por un plazo de diez años y el pago de una reparación civil de más de S/.4.000.
El fiscal provincial Carlos Rodrigo Mera Palomino, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, a cargo del caso, desarrolló la primera audiencia de control de acusación el 1 de julio.
Este mes, el juez Walter Camarena, de la Corte Superior de Justicia de Junín, emitió un auto de enjuiciamiento para Cerrón Rojas.
¿En qué consiste el caso Chaleco de Cerrón?
De acuerdo con el Ministerio Público, el líder de Perú Libre fue resguardado por el suboficial Carlos Zárate Villalobos y otros efectivos de la PNP, entre los años 2019 y 2021, pese a que no desempeñaba cargo público alguno. La institución indica lo siguiente:
"A esto se suma, que el sustento para la emisión de dichas órdenes de servicios, fueron las resoluciones ejecutivas regionales suscritas por los ex gobernadores regionales Cerrón Rojas y Orihuela Rojas, las mismas que se basaron en normas derogadas. Con dicho accionar ocasionaron un perjuicio patrimonial para el Estado por la suma de S/103,500.00 soles, conforme lo estableció la Contraloría General de la República"
Por este hecho, el MP señala que los agentes policiales recibieron un salario adicional al que ya percibían. El pago se realizó por medio de órdenes de servicio emitidas por el Gobierno Regional de Junín.
Al respecto, Vladimir Cerrón podría enfrentar una pena de 9 año, mientras que otros doce exfuncionarios regionales de Junín, presuntamente involucrados, podrían recibir una condena de entre 4 y 9 años de prisión efectiva.