La Justicia avala que el Govern balear pueda expropiar viviendas de grandes tenedores para alquiler social

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha desestimado el recurso que en 2021 interpuso la sociedad inmobiliaria Divarian Propiedad contra la expropiación temporal de cuatro de sus inmuebles en Eivissa para destinarlos a alquiler social. Divarian, filial a su vez del fondo buitre estadounidense Cerberus, es una de las grandes empresas que cuenta con más pisos vacíos en las islas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo da así la razón al Govern que presidía Francina Armengol y que instó la cesión de estos cuatro inmuebles siguiendo una figura contemplada en la ley de vivienda de 2018 para pisos que estuvieran desocupados más de dos años y que pertenezcan a grandes tenedores. Mientras unos aplaudieron la iniciativa, otros vieron en ella una clara vulneración del derecho a la propiedad privada. “O se está con la gente o con los especuladores”, llegó a proclamar entonces la actual presidenta del Congreso en respuesta a las críticas lanzadas por el exlíder nacional del PP, Pablo Casado.

El TSJIB basa su decisión, entre otros argumentos, en que está acreditado que la Administración ha actuado para paliar la falta de acceso a la vivienda sin alcanzar los objetivos deseados, por lo que se exige la incorporación de más alternativas, según que recogido en la sentencia, adelantada por 'Diario de Mallorca'.

La Sala se detiene especialmente en la cantidad de solicitudes de vivienda que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) no logra atender, con especial mención al caso de Santa Eulària, donde se encuentran los inmuebles expropiados.

La sentencia alude así, con base al acuerdo adoptado en 2021, a la situación de “extrema necesidad” en la que se encuentran los solicitantes de vivienda en las Illes Balears, y, más en concreto, las personas que requieren un alquiler social. “La existencia de esta situación no es una mera conjetura, sino que se basa en los múltiples datos objetivos [como la memoria justificativa de 10 de noviembre de 2020 sobre la grave situación de la vivienda en Balears] que ponen de manifiesto que aquella situación, lejos de estar próxima a resolverse, se ve cada día más agravada”.

“Basten algunos datos que ofrece la referida memoria para convencerse de la realidad del fenómeno al que se enfrentan los demandantes de vivienda, especialmente los de vivienda de alquiler: el porcentaje del sueldo mensual destinado al pago del alquiler era en España, en 2018, del 28%, y del 40% en 2019, en Balears del 50%; con datos del 2019, la comunidad balear es en la que más ha aumentado el precio del alquiler en los últimos cinco años, un 66%, frente al 50% de la media estatal, y por municipios el que presenta el mayor incremento de todo el Estado es Eivissa, un 93%; hay más de 8.000 personas inscritas como demandantes de vivienda protegida en régimen de alquiler; entre 2014 y 2018 el precio del alquiler por metro cuadrado aumentó un 38'6%; más de tres cuartas partes de los desahucios que se realizan en las Illes Balears vienen motivados por el impago del alquiler; o, como último dato, en el año 2020 las solicitudes de ayuda al alquiler alcanzaron una cifra récord, un incremento del 44% respecto de 2019”, precisa la resolución judicial. 

“Parece difícil negar que el acceso a una vivienda digna y asequible sea uno de los principales problemas a los que se enfrenta un amplio sector de la población balear. Pero, además, esos datos evidencian una tendencia de empeoramiento de la situación, de ahí que pueda considerarse justificada la decisión de implantar medidas de reacción como la que contempla la Ley 5/2018”, continúa. El TSJIB, en definitiva, cree la existencia real de una situación extraordinaria sirve para explicar suficientemente la pertinencia de la decisión adoptada.

La primera expropiación llevada a cabo por el Govern de Armengol, en marzo de 2021, fue la de 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios. La decisión, cimentada sobre la base del interés público y la protección de los más vulnerables en plena debacle ocasionada por la crisis del COVID, especialmente virulenta en el archipiélago balear, llegó en un momento en el que el impacto económico de la pandemia en las islas –que durante 2020 vieron desplomado su PIB en un 27%, según datos del Banco de España– se sumaba a la problemática que arrastra la región desde hace décadas: suelo escaso, presión urbanística, la limitación de las viviendas disponibles como efecto colateral de la pujanza del alquiler vacacional frente a una demanda imparable, los elevados precios de los alquileres y la consecuente gentrificación.