Vivienda y negocios

Hay muchas cosas discutibles entre las medidas que ha anunciado el presidente del Gobierno para paliar la sangría del mercado inmobiliario. Es evidente que tienen una buena intención: intentan salvaguardar la parte del mercado que produce algunos beneficios para la sociedad, como la capacidad de ahorrar de las familias, mientras ponen coto a las prácticas especulativas de los agentes más nocivos, como los fondos de inversión y los compradores que solo buscan la residencia europea.

Es difícil, sin embargo, abstraerse del paralelismo histórico con esas otras medidas, también bienintencionadas, que quiso implementar el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y que llegaron, como después se hizo evidente, demasiado tarde.

Pero hay una cosa diferente e inédita en el anuncio de este lunes y es el análisis. En primer lugar, Pedro Sánchez definió y dimensionó claramente el problema: “Occidente se enfrenta a un desafío decisivo: no convertirse en una sociedad dividida en dos clases, la de los propietarios ricos y los inquilinos pobres”. 

La vivienda en el siglo XX fue el principal y casi el único vehículo de ahorro y acumulación que tenían a su alcance las familias de la clase media. Lo que ha ocurrido en los últimos 25 años es que ha dejado de funcionar como mecanismo de ahorro, bien porque hay muchas familias que no pueden acceder a la compra, bien porque las que acceden pagan una hipoteca tan elevada que va a secuestrar los ingresos de toda su vida. Por esa razón, lo que hemos llamado “problema de la vivienda”, no es un problema habitacional, sino de reparto de la riqueza. Y uno tan grande que amenaza, como bien apunta Sánchez, a nuestro modelo de sociedad; “un desafío decisivo”.

Y es que no puede existir una sociedad democrática si la mitad de la población vive para pagar el alquiler y la otra mitad vive de las rentas del alquiler -o de las plusvalías de la venta- que le pagan los primeros. El “problema de la vivienda” es un misil a la línea de flotación de la convivencia, una tendencia que, si no le ponemos freno, terminará por devolvernos a una sociedad feudal. Como tal, debería estar en el centro de todas las agendas y concitar todos los esfuerzos.

La segunda parte del análisis de Sánchez que es diferencial atiende a las razones por las que se produce este fenómeno. Los pisos turísticos deben tributar como lo que son, “un negocio”, dice el presidente. Parece una perogrullada, pero el caso es que hace casi 20 años que existe Airbnb y siguen existiendo miles de pisos turísticos que ni tributan como actividad económica, ni pasan inspecciones periódicas como los hoteles, ni están sujetos a licencia cuando son, obviamente, un negocio exactamente igual que el de un hostal. Y, que se sepa, no hay una fuerza especial de Hacienda dedicada a perseguir este fraude.

Solo se explica esta especie de bruma mental que nos atrapa cuando nos paramos a identificar que los pisos turísticos son un negocio por la confusión generalizada -e interesada- que existe sobre la naturaleza del alquiler de vivienda en general. Pero ocurre que el alquiler de vivienda de larga estancia también es un negocio. Por eso se produce esa brecha entre propietarios ricos e inquilinos pobres. Porque los propietarios tienen un negocio que les reporta unas rentas del capital a las que los inquilinos no pueden acceder. Como las rentas del capital se multiplican, los propietarios de viviendas en alquiler son cada vez más y más ricos mientras los inquilinos se vuelven más y más pobres en comparación.

Y resulta que esas rentas no sólo tributan a tipos mucho más bajos que cualquier otra actividad económica, sino que además gozan de protecciones que no tiene ninguna otra actividad. Por ejemplo, el número de viviendas en alquiler no está limitado por una ordenanza municipal que tenga en cuenta cuánta oferta hay en un barrio y si es necesaria igual que ocurre con los bares o con las gasolineras. Si un inquilino tiene un problema con su casero, en lugar de poder acudir a las instancias de Consumo o, si fuera necesario, a la policía municipal, igual que ocurre con cualquier otro negocio, tiene que acudir a los tribunales. El alquiler de vivienda habitual no está sujeto a licencia ni a inspecciones periódicas, de manera que si las casas no están en condiciones, nadie se responsabiliza. 

Como consecuencia, el denominado “mercado del alquiler” se ha convertido en una picadora de vidas humanas a base de precios disparados, condiciones pésimas y falta de regulación. Todo para alimentar el monstruo de la desigualdad. Mientras tanto, los 3 millones de personas que perciben ingresos del alquiler siguen sin tener que darse de alta en actividades económicas. 

El primer paso para ponerle remedio es hacer un buen análisis.