Centro de Conservación de Santa Ana en crisis: abandono, incertidumbre y un futuro en disputa
Una casa patrimonial permanece en el abandono, custodiada únicamente por los pájaros que anidan en los árboles vecinos. Allí crece un matorral que alcanza las pantorrillas y despierta la inquietud de esconder serpientes. Hace un año, nadie habría imaginado que se hablaría en estos términos del Centro de Conservación de Santa Ana, pero ya no es el mismo lugar que durante décadas enorgulleció a la comunidad.
Detrás de los muros de adobe, las verjas aún cubiertas de hojas secas arrastradas desde el verano pasado y un portón falseado, se ocultan instalaciones en ruinas: cables cortados, puertas destrozadas y sedimento por todas partes. Los rótulos que explicaban el funcionamiento de las herramientas agrícolas del siglo pasado se difuminaron por el tiempo, mientras que la maquinaria de exhibición yace semienterrada entre tierra y monte.
En los alrededores del centro, crece la inquietud entre los vecinos que perdieron un espacio de encuentro y recreación. Los hogares y comercios cercanos son testigos de los constantes ingresos clandestinos al sitio; observan a personas adentrándose en el terreno, ya sea caminando por uno de los costados de la ruta 27 o saltando algún muro.
Son los santaneños quienes han denunciado la instalación de ranchos improvisados con techos de lata y plástico dentro de las 52 hectáreas (ha) del centro. ¿Qué pasó para llegar a este estado de deterioro?
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El mantenimiento del Centro de Conservación está en una nebulosa. Tras el vencimiento de la concesión con la Fundación Pro-Zoológicos (Fundazoo), organización que administró el espacio durante 30 años, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) asumió el control de la propiedad. Actualmente, ningún funcionario del ministerio ni del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) se encarga de la vigilancia del sitio.
Revista Dominical consultó al Minae desde el 3 de marzo. La entidad respondió el viernes 14 de marzo, 11 días después, e indicó que el Sinac realiza “visitas periódicas de seguimiento al sitio” y que existe una “constante coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública”. No obstante, no precisó la cantidad de oficiales o funcionarios asignados para esta tarea, ni la frecuencia exacta de las visitas.
Entretanto, un proyecto de ley del Partido Liberal Progresista (PLP) busca que las hectáreas sean destinadas a la conservación natural bajo la administración de la Municipalidad de Santa Ana.
Sin embargo, la iniciativa ha sido bloqueada de manera constante por el oficialismo, especialmente por la jefa de fracción Pilar Cisneros, quien ha presentado un centenar de mociones para frenar su avance en la Comisión de Ambiente. Según Cisneros, el terreno podría destinarse a la creación de un “parque de agua”, inspirado en uno de su natal Perú.
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Esa propuesta contó con el respaldo del ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, quien reconoció ante la Comisión de Ambiente del 8 de octubre que se destinaron $30.000 del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) para financiar el anteproyecto del parque acuático, pese a que los estudios de este aún no estaban concluidos.
En la misma comparecencia, Tattenbach aseguró que el desembolso se realizó por una iniciativa suya como ministro, pero la diputada Kattia Cambronero afirmó tener conocimiento de que, en un correo enviado a la Unión Cantonal de Santa Ana desde el despacho del ministro, se indicó que el proyecto fue propuesto por la diputada Pilar Cisneros.
Meses antes, Cambronero había denunciado que el gobierno contrató a la firma Black Waters para elaborar el anteproyecto con dinero del Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU), de la Organización para Estudios Tropicales (OET).
A pesar de que el Centro de Conservación incluye humedales y de que el alcalde de San José, Diego Miranda, ofreció ubicar el “parque de agua” en el Parque de la Paz, Cisneros se mantiene firme en que debe construirse en Santa Ana. Rechazó moverse a San José ya que, desde su punto de vista, se requieren al menos cinco ha para desarrollarlo.
“¿Cómo se le ocurre que en el Parque de la Paz se va a poder hacer algo así? Jamás. No daba la extensión, se demostró que no había ningún lugar que perteneciera a la municipalidad de San José donde se podía hacer el ‘parque de agua’, así de fácil", dijo Cisneros. Según Icoder, el Parque de la Paz consta de 50 ha, dos menos que el Centro de Conservación Santa Ana, y no todo está construido u ocupado.
Cisneros argumentó que su propuesta es un “excelente negocio ambiental”, puesto que se impactarían solo 5 ha del parque para costear el mantenimiento de las restantes 47. Cuando se le consultó si existe algún estudio que determine que solo se impactarían esas cinco ha, o que detalle por qué es necesaria esa extensión para el “parque de agua”, dijo que no.
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Continúa la turbulencia política
Aunque la comunidad santaneña reunió 14.000 firmas en respaldo al proyecto del PLP para la creación del parque, y el Concejo Municipal de Santa Ana también manifestó su apoyo, el sitio sigue en el abandono.
El Minae pretende declarar el terreno como un Parque Natural Urbano (PANU), al igual que el Simón Bolívar. “Actualmente se está construyendo el Plan General de Manejo del próximo PANU Lorne Ross, en dicho plan se definirá el modelo de gobernanza, siendo que está en el territorio de Santa Ana, se visualiza a la Municipalidad como un actor clave en la gestión participativa y compartida del área protegida", respondió el ministerio ante consultas de RD.
En enero, el ministro Tattenbach presentó dos cartas de intención a la Municipalidad de Santa Ana; la primera, con el fin de fijar un modelo de gestión y gobernanza para el parque; la segunda, para delegar en el ayuntamiento la responsabilidad de la vigilancia 24/7 del inmueble.
El alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, informó a este diario por mensaje de texto el 3 de marzo que las cartas están en análisis. Afirmó que su postura es buscar lo mejor para Santa Ana y que, independientemente de si el proyecto de ley se aprueba o no, “la municipalidad deberá ser quien administre junto con el Sinac”.
“Este tema sea politizado mucho y mi posición siempre es buscar lo mejor para Santa Ana. No estoy casado con el Minae ni con el Partido del Sol”, agregó. Vargas no respondió preguntas adicionales ni aceptó recibir a RD en la sede municipal para una entrevista.
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Las cartas de intención y declaraciones recientes en la Asamblea Legislativa parecen dibujar un panorama ya definido para el parque, pese a la oposición de otros legisladores y los vecinos organizados de Santa Ana. La ruta sería un parque enteramente administrado por el Minae, pero vigilado por la Policía Municipal.
Sin embargo, con respecto a la seguridad en el Centro de Conservación, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, indicó en la sesión del Concejo Municipal de Santa Ana del 27 de febrero que su cartera tenía previsto instalar delegaciones policiales tanto en el Simón Bolívar como en Santa Ana. Zamora dijo que, en el parque josefino, “el Sinac les cambió la regla del juego” y, desde entonces, no han retomado conversaciones al respecto.
“Nosotros estamos pendientes, porque ahí habría unidades policiales que podemos establecer en el lugar, en la infraestructura que no se está usando y que genere el doble propósito de proteger el lugar. Estaríamos ahí con una presencia de 24 horas, entonces es algo que tenemos en nuestras conversaciones pendientes con el Sinac y el Ministerio de Ambiente”, agregó Zamora. ¿Podría ocurrir algo similar en Santa Ana?
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Un pulmón verde en Santa Ana
La historia del Centro de Conservación de Santa Ana se remonta a 1976, cuando Lorne Ross y Agnes May donaron su finca agrícola al Estado con el propósito de preservar la naturaleza. Este espacio, hogar de pizotes, pájaros carpinteros, osos hormigueros, garzas, patos, mapaches, ocelotes y una diversidad de aves, mamíferos, árboles e insectos, nació como uno de los pulmones verdes de la Costa Rica urbana.
En 1994, el Minae suscribió un contrato con la Fundazoo para la administración del centro. El acuerdo fue prorrogado por 10 años en 2004 y nuevamente en 2014, hasta que, el 10 de mayo de 2024, la relación llegó a su fin y la gestión pasó a manos del ministerio.
Un año antes de que finalizara esta concesión, el PLP presentó el proyecto n.° 23645 Ley de Creación del Parque Natural Urbano Lorne Ross, nombrado en honor al donante. Entre agosto y octubre de 2024, Pilar Cisneros presentó un centenar de mociones para frenar la aprobación del proyecto en la Comisión de Ambiente.
Actualmente, chocan visiones opuestas sobre el terreno donado para la conservación de la flora y fauna. Si hay una decisión tomada, no todas las partes están enteradas.