La Fiscalía pide al Supremo que impute a Alvise e investigue las cuentas de su partido

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que impute al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez y que investigue si financió irregularmente su partido, tal y como reveló elDiario.es, al cobrar 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas. El Ministerio Público entiende que el líder de 'Se Acabó La Fiesta' debe ser llamado a declarar como investigado por “sendos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral” y que se pongan en marcha varias diligencias: que se investigue el tráfico de dinero en las 'wallets' que Álvaro Romillo creó para él, que Alvise justifique todos sus pagos durante la campaña y que se examinen sus cuentas bancarias y las del partido.

Tal y como reveló elDiario.es, Alvise acudió a la sede de la empresa 'Sentinel' de Álvaro Romillo a recoger 100.000 euros en efectivo, según había dicho previamente, para financiar la campaña electoral de las europeas que empezaba un día después. El eurodiputado de extrema derecha terminó reconociendo que había cobrado ese dinero sin dar cuenta a Hacienda, pero afirmando que lo había hecho como “autónomo” y “sin factura”, sin especificar a cambio de qué había conseguido ese dinero.

El caso llegó primero a la Audiencia Nacional, donde un juzgado investigaba la confesión de Romillo tras el fracaso de su 'Madeira Invest Club', confesión en la que también revelaba haber entregado ese dinero a Alvise. Las conversaciones entre ambos revelan que el entonces candidato se había comprometido a legislar a favor de su sector de las criptomonedas en cuanto, según sus cálculos, fuera clave para un acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

La causa terminó en el Supremo a través de una exposición razonada y ahora ha sido la Fiscalía la que ha reclamado al alto tribunal que abra diligencias contra el líder de SALF y que sea llamado a declarar como imputado. Entiende que Alvise ha podido incurrir en “sendos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral” con el empresario Romillo como cooperador, quien también entienden que debe ser imputado.

Las diligencias que solicita la Fiscalía, además de la declaración del político, pasan por analizar en profundidad las cuentas tanto del eurodiputado como de su partido: el “tráfico de las wallets creadas” para financiar su campaña europea, también “los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral y la entrega de la documentación e información económica de SALF” y, finalmente, “el examen de las cuentas corrientes del señor Pérez y su agrupación electoral”.

Se trata de una de las múltiples causas pendientes de decisión por parte del Tribunal Supremo contra el eurodiputado y agitador de extrema derecha. Los jueces de la Sala de lo Penal deben decidir si es imputado por su papel en los disturbios en las manifestaciones de la calle Ferraz de 2023, por difamar a un diputado del PSOE por León o por amenazar a una jueza de Sevilla, entre otros. Por la vía civil, también está a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre su condena de 5.000 euros por difamar a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, mientras que un juzgado le ha condenado a indemnizar con 60.000 euros a José Luis Ábalos.