El lendakari Pradales defiende la designación de un condenado por corrupción como gestor de ayudas públicas

El lendakari Imanol Pradales ha defendido este jueves la designación de Alfonso Arriola, condenado por corrupción en el 'caso de Miguel', como director de una comisión destinada a la valorar ayudas forestales, dentro del Departamento de Alimentación, Desarrollo rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco. «Obedece a los procedimientos internos y a los concursos públicos», ha afirmado en declaraciones desde Vitoria. Según informó en el día de ayer eldiario.es, Arriola fue asignado en el mes de marzo como «presidente» de la «comisión de valoración de las ayudas [...] para grandes inversiones relacionadas con la transformación y/o la comercialización de productos forestales (Programa Handitu Egurra 2025)». Un nombramiento que parte de la resolución oficial firmada por el director de Política e Industria Alimentaria, Iker Iglesias, dentro de la cartera dirigida por la consejera del PNV, Amaia Barredo. Pradales ha explicado que Arriola es «un funcionario de carrera que vía concurso público obtiene una plaza [...]. Obviamente, dentro del plan de estabilización y de las OPE, esto es algo que ocurre y sobre lo que el Gobierno no tiene nada que decir, porque obedece a los procedimientos internos y a los concursos públicos». Así, ha subrayado que «debemos ser absolutamente respetuosos con esa cuestión. Por lo tanto, no tengo nada que añadir», ha manifestado el lendakari. Alfonso Arriola, miembro del PNV en Álava, fue gerente de 2006 a 2009 del Parque Tecnológico de Miñano, donde se ubicaba el núcleo de la trama conocida como 'caso de Miguel', en referencia a Alfredo de Miguel, considerado figura principal en esta red dedicada al cobro de comisiones ilegales y manipulación de contratos públicos. Después fue asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) hasta su detención en 2010 por la Ertzaintza. La sentencia del Supremo le condenó a cuatro años de inhabilitación como cooperador en la comisión de un delito de prevaricación administrativa. De acuerdo a las explicaciones de 'El Correo', a diferencia de lo ocurrido con Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, otro de los miembros del PNV implicados, que una vez notificado el carácter firme del fallo fueron despedidos de sus puestos en sociedades dependientes del Gobierno vasco, Arriola logró permanecer como técnico de contabilidad, con un sueldo anual de 80.000 euros. Dado que el Alto Tribunal hablaba en sus sentencia de 2023 de una inhabilitación para empleos «en sociedades participadas por capital público», el Ejecutivo autonómico, entonces dirigido por Íñigo Urkullu, interpretó que podía conservar su puesto de funcionario de carrera.