El Supremo deja a Puigdemont sin amnistía y sin poder volver a España a la espera del Constitucional

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a amnistiar a Carles Puigdemont. La decisión de la sala de confirmar el criterio del juez Pablo Llarena y dejar el delito de malversación fuera de la ley de perdón del procés marca un camino largo para el expresident catalán: tendrá que acudir al Constitucional, pero no es previsible que reciba una respuesta antes de un año. Mientras tanto, la vigencia del delito de malversación mantiene intacta su orden de detención y la prohibición, por tanto, de volver a España.

Los jueces no han estimado los argumentos del líder de Junts, pero tampoco los de la Fiscalía. El Ministerio Público pidió a la Sala de lo Penal que corrigiera a Llarena y que tuviera en cuenta que la intención del legislador cuando puso en marcha la amnistía era perdonar todos los delitos relacionados con el procés catalán de 2017 y no algunos hechos de forma selectiva. También criticó que el juez hubiera planteado, por primera vez en ocho años de proceso judicial, que el desafío soberanista afectó a los intereses de la Unión Europea para justificar su negativa a amnistiar la malversación.

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido avalar estos razonamientos punto por punto. La malversación del procés, entienden los magistrados, no es amnistiable porque Puigdemont y el resto de políticos encausados sí se enriquecieron personalmente: no pagaron de su bolsillo el referéndum del 1-O porque tiraron del dinero y recursos públicos de la Generalitat. Y porque la independencia de Cataluña no se consumó, pero de haberlo hecho habría afectado, añaden, a la relación de España con la Unión Europea.

Esta decisión, explican fuentes del caso a elDiario.es, deja un único camino al expresident catalán: recurrir ante el Tribunal Constitucional. Previamente tendrá que plantear una improbable nulidad ante el mismo Supremo y después ya presentar alegaciones en amparo ante el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido. Lo que aleja el horizonte de una decisión inmediata hasta, aproximadamente, dentro de un año. Después, si el Constitucional no le es favorable, podrá acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El delito de malversación es el único ilícito del procés que se mantiene en pie en la causa que, ocho años después, sigue abierta contra los políticos catalanes que nunca volvieron a España para declarar ante los jueces de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La reforma del delito de sedición cercenó esa parte de la acusación, con los jueces rechazando que pudiera ser sustituido por unos simples desórdenes públicos, y la malversación de dinero público se mantiene desde entonces como único vestigio de la causa penal contra el desafío independentista de 2017.

El tribunal de la Sala de lo Penal que ha examinado el caso no se refiere de forma explícita a las medidas cautelares que derivan de la imputación por este delito. No era algo que se hubiera recurrido en este trámite. Pero en la práctica, el aval a que siga acusado de malversación implica que la orden de detención nacional que pesa sobre él sigue intacta: la que, supuestamente, le impide entrar en España sin ser detenido, aunque en agosto de 2024 acudió a las inmediaciones del Parlament en la sesión de investidura de Salvador Illa para después escapar de los Mossos y volver a Bruselas sin ser arrestado.

El camino hasta el Constitucional

La decisión del Supremo, por tanto, mantiene viva la situación que desde Junts consideran un fallo de la ley de amnistía: la aprobación de la norma, esencial para obtener el apoyo independentista en la última investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno en 2023, no ha tenido el efecto esperado y Carles Puigdemont no puede volver a España sin miedo a ser detenido y ser enviado inmediatamente a prisión por parte de Llarena.

El camino hasta el Tribunal Constitucional no es corto. Su recurso de amparo, que solo podrá presentar después de intentar la nulidad ante el propio Supremo, tendrá que pasar en primer lugar el filtro de la admisión a trámite y después esperar durante meses a que los magistrados den una respuesta. Hasta entonces es improbable que la amnistía se le aplique de forma cautelar.

El Constitucional ya tiene dos decenas de recursos contra la amnistía encima de la mesa y, tal y como ha explicado recientemente su presidente Cándido Conde-Pumpido, tiene intención de resolver los más relevantes antes del próximo verano: el que interpuso el PP contra toda la ley, los interpuestos por algunas comunidades autónomas y también la cuestión prejudicial del propio Tribunal Supremo. Pero también tiene otros que tratan casos idénticos al de Carles Puigdemont y eso puede acelerar los trámites y las deliberaciones al ser la misma acusación.

El pleno admitió estudiar, el pasado mes de febrero, los recursos de otros políticos encausados por el procés que tenían la misma queja: que el Supremo no hubiera accedido a amnistiar su malversación. Es el caso de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, cuyas condenas de prisión por este delito fueron indultadas por el Gobierno pero con unas condenas de inhabilitación que, a día de hoy, les impiden presentarse a unas elecciones.

Esos pleitos iniciados a instancias de sus antiguos compañeros de Govern tratan sobre si la amnistía se aplica o no al delito de malversación, aunque sus casos tienen matices distintos: ya fueron condenados, los indultos borraron sus condenas de prisión y su pelea se centra, sobre todo, en una inhabilitación para ejercer cargos públicos que, en el caso de Junqueras, no vence hasta el año 2031. Pero una decisión sobre sus alegaciones podría tener incidencia en el caso de Puigdemont y acelerar la respuesta del Constitucional una vez sentadas las bases de su doctrina.

La causa principal del procés se ha convertido en la única cita judicial pendiente de Carles Puigdemont después de que el Supremo haya dado carpetazo a la conocida como 'trama rusa' que el juez Joaquín Aguirre impulsó de forma ilegal en contra de las órdenes de la Audiencia de Barcelona. Todo también a la espera de la vertiente internacional del caso sobre su posible extradición: el juez Llarena lleva casi dos años a la espera de tomar una decisión después de que el Tribunal General de la UE retirara la inmunidad al expresident.

Las alegaciones de Puigdemont tienen al Supremo en contra pero algunos puntos de apoyo: el criterio de la Fiscalía y también los votos particulares de la magistrada Ana Ferrer que considera que la ley sí tenía la intención de amnistiar la malversación.