Crimen organizado y respuesta estatal
El crimen transnacional organizado (CTO) representa uno de los mayores desafíos para la seguridad en América Latina y el Caribe. Su naturaleza transfronteriza, el uso de tecnología avanzada y la corrupción institucional han facilitado su expansión, debilitando los esfuerzos estatales para combatirlo de manera efectiva.
Costa Rica, pese a su tradición democrática y estabilidad política, no ha sido ajena a este fenómeno. Su ubicación geográfica la convierte en un punto clave para el narcotráfico y otras actividades ilícitas, situación que ha evolucionado: de ser un país de tránsito a albergar organizaciones criminales locales con estructuras complejas y conexiones internacionales. Esto ha generado consecuencias como el aumento de homicidios por sicariato y la aparición de drogas sintéticas como el fentanilo.
La respuesta estatal ha sido mixta. Por un lado, se han fortalecido unidades especializadas en crimen organizado, se creó una jurisdicción judicial para estos casos y se ha mejorado la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, persisten debilidades estructurales, como la fuga de personal especializado en la Policía Judicial y la Fiscalía, la disminución de operativos marítimos y la escasa capacidad de respuesta en instituciones clave.
La trata de personas también ha aumentado, afectando a víctimas de explotación sexual y laboral. Costa Rica es país de origen, tránsito y destino. La migración irregular y la vulnerabilidad social agravan esta problemática. Aunque se han implementado políticas de seguridad, las áreas de mejora persisten.
Se han aprobado leyes para endurecer penas y mejorar los mecanismos de control financiero. No obstante, el crimen organizado continúa operando incluso desde cárceles de máxima seguridad, como lo demostró la desarticulación de una red dedicada al robo de vehículos de lujo. Esto evidencia la necesidad de revisar políticas penitenciarias sin caer en excesos punitivos.
El narcotráfico sigue siendo la principal actividad ilícita en la región, aunque las organizaciones también participan en trata de personas, contrabando de armas y cibercrimen. Han diversificado sus ingresos con delitos como la extorsión, incluso mediante préstamos “gota a gota”, que legitiman capitales y explotan a personas en situación económica precaria.
En respuesta, los países de la región centroamericana han aplicado políticas de “mano dura”. Aunque se han logrado capturas importantes, también han generado violaciones a derechos humanos y no han resuelto el problema de fondo. Es clave avanzar hacia estrategias integrales que incluyan prevención, fortalecimiento institucional y reinserción social.
Otro desafío es la impunidad, alimentada por la corrupción y los escasos recursos. Casos recientes en Costa Rica muestran cómo errores en investigaciones por legitimación de capitales han provocado la devolución de bienes a organizaciones criminales, lo cual afecta la percepción que tiene la ciudadana sobre el sector justicia.
Finalmente, las organizaciones criminales mutan constantemente. El uso de tecnologías como el análisis de big data, OSINT y vigilancia electrónica, se ha vuelto esencial. Un ejemplo es la captura en Francia de un prófugo costarricense gracias al rastreo de redes sociales. El crimen transnacional organizado exige una respuesta estatal coordinada, basada en una combinación de represión inteligente, prevención, cooperación internacional y fortalecimiento del sistema judicial.
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Esteban Zamora Morales es especialista en justicia penal.