Acoso en la Ertzaintza: el Gobierno Vasco habla de "problemas de trato" y los sindicatos denuncian encubrimiento
El sindicato profesional de la Ertzaintza (SIPE) ha acusado al Gobierno Vasco de inacción y encubrimiento ante los casos de acoso laboral, sexual y sexista que afectan a dos mujeres agentes de la Ertzaintza. SIPE carga duramente contra el comunicado emitido por el Departamento de Seguridad ya que considera que viene a demostrar la falta de compromiso institucional para proteger a las víctimas, limitándose a cumplir con el expediente sin llegar a hacer justicia. El sindicato denuncia que el comunicado es un "acto de cobardía institucional" y considera que carece de responsables visibles y no ofrece medidas concretas que garanticen un entorno seguro y justo.
El Gobierno Vasco ha remitido un comunicado en respuesta al sindicato de la Ertzaina donde explica que en el caso de la agente en prácticas, el 17 de marzo de 2025 se inició un expediente de acoso moral tras recibir un escrito en el que se denunciaba una situación de acoso. Al día siguiente, apunta, se celebró la primera reunión de la Comisión de Mediación sobre Acoso, donde se entrevistó tanto a la presunta víctima como a los identificados como supuestos acosadores y testigos. Finalmente, el 14 de abril, la Comisión "concluyó que no existían indicios de acoso laboral ni de complot contra la agente".
En el caso de la agente de carrera, el Gobierno Vasco indica que el 6 de febrero de 2025 se recibió una denuncia por posible acoso moral y sexual. Tras las entrevistas y reuniones pertinentes, la Comisión de Mediación concluyó que "no se podía determinar la existencia de acoso laboral debido a contradicciones en los testimonios, aunque se detectaron problemas de comunicación y trato en el ámbito laboral". Por ello, se recomendó llevar a cabo una jornada de sensibilización sobre el uso de un lenguaje inclusivo en el marco del I Plan de Promoción de Mujeres en la Ertzaintza para 2026.
Para SIPE, la reacción del Gobierno Vasco no solo es insuficiente, sino insultante, ya que reducir las denuncias de acoso a un problema de trato o falta de formalidad minimiza la gravedad de los hechos. Además, el sindicato considera que priorizar el hecho de evitar que las entrevistas sean preparadas antes que proteger a las denunciantes es una muestra de que el sistema falla en su deber de protección. "La víctima es sistemáticamente revictimizada por el propio sistema de que debería protegerla, no se detecta acoso pese a las declaraciones explícitas de las afectadas y no se salvaguarda a quien denuncia", lamentan. También critican que la recomendación de realizar una jornada sobre lenguaje inclusivo está completamente fuera de lugar ante la magnitud de las acusaciones.
Asimismo, SIPE ha denunciado que la difusión pública del comunicado vulnera la confidencialidad del proceso de mediación y exigen el cese inmediato de los responsables de esta filtración. El sindicato solicita una investigación externa, imparcial y transparente que permita esclarecer los hechos y adoptar las medidas necesarias para garantizar la justicia y la protección de las víctimas. En sus palabras, si esta es la respuesta oficial del Gobierno Vasco, queda claro que se prioriza el silencio por encima de la verdad.