FA niega vínculos con ProCultura y acusa estrategia de espionaje judicial
El Frente Amplio emitió una declaración pública en la que rechaza de manera categórica cualquier intento de vincular al bloque político con la Fundación ProCultura, en el marco de las investigaciones judiciales en curso. Aseguran que “no existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada”, subrayando que todas sus cuentas han sido auditadas por el Servicio Electoral y que la información difundida busca instalar sospechas sin base jurídica.
En el documento, la coalición también critica duramente las acciones del fiscal Christian Cooper, acusándolo de replicar “una estrategia judicial que parece haberse vuelto una práctica recurrente”, basada en filtraciones parciales a la prensa para generar daño político. Según indican, este patrón se habría utilizado para desprestigiar al Presidente de la República, pese a que, según el propio tribunal, no está involucrado en la causa.
Otro punto de la declaración se refiere al uso de escuchas telefónicas, las que califican como espionaje ilegal. Aseguran que la interceptación de la comunicación de Josefina Huneeus, quien no está formalmente imputada, representa una violación a la libertad individual y que debió cesar apenas se confirmó que el teléfono estaba a su nombre.
En un tono aún más severo, el Frente Amplio denuncia que se intentó interceptar el teléfono del Presidente en dos ocasiones, sin fundamentos suficientes, lo que fue desestimado por el Juzgado de Garantía. A su juicio, esto constituye una amenaza directa a la democracia y a las instituciones.
Finalmente, advierten sobre la magnitud de las interceptaciones realizadas, que incluyen más de 42 teléfonos intervenidos y conversaciones de 2022 pinchadas a fines de 2024. Desde el conglomerado aseguran que estas acciones “no responden a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parecen una estrategia de espionaje con fines políticos”, práctica que rechazan rotundamente por el daño que implica tanto para las personas como para la institucionalidad del Ministerio Público.