Frente a la okupación de viviendas , la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo tiene claro: «No vamos a ponernos de perfil». Por eso, ayer firmó un protocolo con los colegios de abogados de Madrid, de abogados de Alcalá de Henares y de procuradores madrileños, por el que los afectados por este delito recibirán asesoramiento especializado gratuito y además tendrán acceso, si lo necesitan, a atención psicológica. En Madrid hay, según los datos aportados por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, 9.000 viviendas okupadas. En toda España, añadió el decano del colegio de Procuradores de Madrid, Alberto García Barrenechea, el año pasado se interpusieron 16.000 denuncias por este motivo. «Madrid nunca se ha dormido en este tema, siempre estamos alerta, hemos sido los primeros en denunciar y hoy sabemos que tenemos a toda España detrás», dijo la presidenta regional. De hecho, en la región existe un teléfono gratuito y que funciona 24 horas al día y 7 días a la semana, el 900 205 112, más conocido como el 112 antiokupación, que desde su puesta en marcha en junio de 2022, hasta el 30 de abril de este año, ha recibido 4.041 llamadas, y han alertado de posibles okupaciones 246 personas, además de evitar que éstas se produjeran en 44 casos. Díaz Ayuso culpó a las políticas permisiva del Gobierno central del incremento de okupaciones e inquiokupaciones en los últimos años. Una de las causas de que «ahora hemos sabido que se han perdido 120.000 alquileres en España y han subido un 27 por ciento», algo que también relaciona con las consecuencias del «intervencionismo» en la materia de Pedro Sánchez, como la Ley de Vivienda, «la peor que se recuerda». Por eso, el protocolo va a convertir a Madrid «en la capital de la seguridad jurídica», como dijo el decano del colegio de abogados de Madrid, Eugenio Ribón. Díaz Ayuso fue muy crítica con quienes «apoyan, por acción u omisión», a los okupas desde otras administraciones, y los equiparó a quienes comandaban escraches o ahora «quieren acabar con las oposiciones» para «acabar con las garantías básicas y llevarnos a la justicia bolivariana». Madrid, recordó, tiene ya en marcha una línea telefónica contra la okupación que funciona durante todo el día, y otras ayudas como las deducciones de las cuotas de seguros por daños, o que el Canal de Isabel II pague el consumo de agua en las viviendas okupadas mientras dure esta situación. La presidenta insistió en humanizar el problema, recordando que «detrás de cada denuncia hay personas afectadas, propietarios que pierden sus casas y barrios enteros deteriorados». Todo, por un fenómeno causado por quienes «desde el poder y las administraciones no hacen lo que deben, con rigor jurídico y respeto por la verdad», enunció. Además del protocolo firmado ayer con los colegios profesionales, el Gobierno regional va a crear un nuevo servicio de atención especializada en el teléfono 012, para atender estas demandas, y que será complementario al ya operativo del 112. La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de modificar todas aquellas leyes que impiden a los jueces la expulsión inmediata de los ocupas, devolviéndoles la posibilidad de actuar con carácter urgente en los procedimientos. «Son síntomas de males profundos, pero no son males de España, de la sociedad española, ni de nuestra Constitución, que son buenas y están sanas. Son males de quienes quieren desde el poder y las administraciones no hacer lo que se debe, con rigor jurídico y respeto por la verdad», concluyó.
