Ajena a las maquinaciones abusivas para endosar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la juez de instrucción de Badajoz ha decretado la apertura de juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, Miguel Ángel Gallardo y otros imputados , todos ellos bajo el criterio de la instructora de que han cometido delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Conviene recordar que los socialistas presentaron una proposición de ley para mutilar la presencia de la acusación popular, a la que, en particular, excluían del delito de prevaricación administrativa. De haber prosperado esta reforma, tal delito sólo sería perseguible por el Ministerio Fiscal. No hacen falta más comentarios. Con el auto de apertura de juicio oral, que remite el caso al juzgado de lo Penal de Badajoz –competente para delitos menos graves–, queda aún más en evidencia el carácter abusivo y fraudulento del aforamiento que pretende Miguel Ángel Gallardo –un actor secundario en la trama escrita por La Moncloa– una vez que se convierta en diputado autonómico de la Asamblea extremeña. Con esta argucia, los estrategas socialistas que diseñan el plan de rescate de la familia del presidente del Gobierno aspiran a retrasar todo lo posible la celebración de juicio oral . El procedimiento tendría que pasar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, con la previsible dilación del porceso. Sin embargo, todas las decisiones firmes de la juez de instrucción deberían ser respetadas por el alto tribunal autonómico, más aún ante lo burdo de la manipulación procesal que pretende el PSOE para, realmente, aforar a David Sánchez Pérez-Castejón, por su conexión delictiva con Miguel Ángel Gallardo. La instructora del caso ha seguido el rumbo que fijó para la investigación, sin detener su ritmo por las presiones políticas, ni sucumbir a los innumerables –y legítimos– recursos de las defensas de los imputados. En un año, con todas sus principales decisiones ratificadas por la Audiencia Provincial de Badajoz, ha cerrado una instrucción nada fácil, desde el punto de vista de los hechos, las personas y las pruebas. Por supuesto, todos los ya acusados conservan la presunción de su inocencia, pero hay un juicio político formado por evidencias irrefutables de trato de favor al hermano de Pedro Sánchez, de movilización de instituciones públicas y cargos locales para dar al hermano del presidente del Gobierno un puesto de trabajo, innecesario y artificioso. Puede que no sea delito, pero es verdad. La propaganda sanchista no dudará en atacar al Partido Popular y a la ultraderecha por este grave horizonte judicial de David Sánchez, pero los mensajes victimistas del PSOE y La Moncloa son cada día más patéticos, por falsos. Con ellos se quiere evitar que Pedro Sánchez haga lo único que en democracia se puede hacer cuando el nivel de deterioro político es tan irreversible como el suyo: asumir responsabilidades y convocar elecciones. Si tan seguro está de que todo es un bulo fabricado por la 'máquina de fango' manejada por la 'fachosfera', los españoles le creerán y castigarán en las urnas a los insidiosos. El problema de Sánchez es que cree sus propias mentiras y ha fabricado una realidad tan alternativa como falsa. Lo cierto es que su hermano y su esposa están señalados por la Justicia, de forma reiterada y por varios jueces de distintos órganos en cada caso. La Moncloa ha utilizado todo a su alcance para liberar a la familia Sánchez de sus problemas de corrupción, pero el valor de la independencia judicial se alza, precisamente, cuando más acosa el poder político a los jueces.
