La batalla por el control del Ministerio Público, con miras electorales
La elección del próximo fiscal general en 2026 será clave para el proceso electoral de 2027, pues definirá si el Ministerio Público (MP) tendrá, o no, un rol político.
Por qué importa. Como se ha mencionado en entregas anteriores, las elecciones de instituciones clave en 2026 tendrán un efecto directo sobre el proceso electoral del 2027. Sin embargo, el que podría tener mayor trascendencia es la elección del próximo fiscal general.
- Pese a que la ley perfila al MP como el ente encargado de la persecución penal, a partir de las elecciones de 2023 se ha posicionado como un actor electoral relevante.
- El primer caso que evidenció la trascendencia del ente investigador se relaciona con Aldo Dávila, cuya inscripción fue revocada tras una denuncia por posible involucramiento en el caso “Toma USAC”.
- Asimismo, su intervención —avalada por un juez penal—, entre la primera y segunda vueltas electorales, al iniciar una investigación en contra del ahora cancelado Movimiento Semilla, confirmó cómo, dependiendo de la configuración institucional, el MP podría tener un rol político.
Lo indispensable. Ahora bien, debido a que la elección del próximo fiscal estará a cargo de una Comisión de Postulación, que integra la nómina de candidatos, los actores que la conforman intentarán cooptar el proceso y, por ende, favorecer los intereses del sector que representan.
- En este sentido, el actor que marcará el paso de la negociación será el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien preside la Comisión. Tomando en cuenta los retrasos de la última elección de la Corte y la presión ejercida por la Corte de Constitucionalidad (CC), esto podría generar inestabilidad a lo interno de la postuladora.
- Como consecuencia, esta incertidumbre podría allanar el camino para que los sectores más organizados capturen la negociación previa y durante la elección.
- Así pues, el liderazgo sin sesgos del presidente de la CSJ será determinante para contener las presiones externas.
Datos clave. Otro punto de fricción en la elección será la división que existe a lo interno del Colegio de Abogados y Notarios (CANG).
- A diferencia de procesos anteriores, la presidente de la Junta Directiva, y la del Tribunal de Honor —ambas integrantes de la Comisión—, responden a intereses de grupos opositores. Por un lado, Patricia Gámez, es cercana al oficialismo, por lo que podría promover candidatos favorables para este grupo.
- Por otro lado, los integrantes del Tribunal han mostrado cercanía con operadores de justicia que en el pasado han influido, de manera irregular, en el resultado.
Visto y no visto. Ahora bien, el peso del proceso estará en los 12 decanos de las facultades de Derecho que conforman la postuladora, dado que representan la mayoría de los votos.
- En el pasado, los decanos se han agrupado en tres bloques: uno técnico, favorables a la transparencia; uno político, influidos particularmente por la Universidad de San Carlos (USAC), y una bisagra, cuyo voto es coyuntural.
- No extrañaría, entonces, que los cambios recientes en varias decanaturas se hagan con vistas a estos procesos de elección.
- Además, en procesos anteriores, varios decanos han sido víctimas de presiones y denuncias espurias, lo cual los ha conducido a la renuncia. Por ello, la previsibilidad en su comportamiento será clave en la integración de la nómina de candidatos.
En conclusión. A diferencia de la última elección de FG, esta vez, todavía no existe un grupo dominante con capacidad suficiente para modificar el balance de fuerzas en la Comisión de Postulación.
- Por ello, el grupo que consiga alinear los intereses de la mayoría podría determinar el futuro electoral del país.
- Es decir, dependiendo de la configuración institucional, el MP podría promover una competencia electoral plural o restringida a candidatos favorables para un sector.