Aysén: Decretan prisión preventiva para cabo del Ejército y civil por tráfico
La audiencia de control de detención realizada este domingo en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén terminó con la medida cautelar más gravosa para un cabo del Ejército y un civil, imputados por tráfico de drogas, luego de que fueran sorprendidos retirando una encomienda con más de 11 kilos de marihuana.
El operativo, encabezado por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI, se llevó a cabo el 16 de agosto bajo la modalidad de entrega vigilada. La droga, un total de 11.492,5 gramos distribuidos en 10 paquetes envueltos en papel alusa y aluminio, había sido enviada desde Chillán y detectada en controles rutinarios de la empresa de transporte en el aeropuerto.
Cuando los cuatro sospechosos —tres militares activos del Regimiento N°8 Chiloé y un civil— llegaron hasta una sucursal de Chilexpress en Puerto Aysén para retirar la encomienda, fueron detenidos por personal de la PDI. Posteriormente, quedaron a disposición de la justicia.
En la audiencia, la fiscal María Inés Núñez defendió la legalidad de la detención asegurando que se cumplía la hipótesis de flagrancia, y solicitó la prisión preventiva para todos los involucrados. Finalmente, la jueza Dalia Illezca resolvió aplicar dicha medida al civil N.L.F. y al cabo A.D.P., al estimar que existían antecedentes que acreditaban su participación en el delito. En el caso de los otros dos militares, el tribunal dictaminó arresto domiciliario total y arraigo, argumentando que “el Ministerio Público no ha dado cuenta de antecedentes que permitan suponer fundadamente la participación de ambos imputados en el ilícito”.
Las defensas alegaron que los uniformados no conocían el contenido de la encomienda y que su presencia en el lugar se debía a un encuentro social previamente acordado. “Ellos no tienen participación en este asunto”, insistió el abogado Roberto Silva, representante de dos de los cabos.
El Ejército, a través de un comunicado, expresó su rechazo a “toda actividad ilícita que va en contra de los valores y principios institucionales” y reiteró su compromiso de “plena colaboración con las autoridades competentes en el desarrollo de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos”.
El Ministerio Público apeló verbalmente para intentar revertir la decisión respecto de los dos imputados que quedaron con medidas menos gravosas. Será la Corte de Coyhaique la que resuelva finalmente la situación procesal de los cuatro detenidos. El plazo de investigación fue fijado en 75 días.