La presidencia de facto de Nicanor Boluarte
El pronunciamiento emitido por el Consejo de Ministros confirma que en el Perú tenemos un presidente de facto. No elegido por sufragio popular, ni reconocido en la Constitución, pero con aparente poder efectivo. Ese personaje es Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.
El comunicado oficial, publicado desde la Presidencia del Consejo de Ministros, es decir, por quien apunta a ser el operador más defendido del régimen, Juan José Santiváñez, no se limita a cuestionar la medida judicial de allanamiento dispuesta contra él. Va mucho más allá.
El Ejecutivo, en pleno, ha salido a defenderlo con el mismo lenguaje y la misma energía con que se protege a un ministro de Estado o a un funcionario legítimamente investido. Al hacerlo, equipara a un familiar presidencial con una autoridad pública. Y ese es el salto grave: colocar en pie de igualdad a un particular con las instituciones del Estado.
No se trata solo de un exceso retórico. La intervención del gabinete Santiváñez revela que Nicanor Boluarte no es un ciudadano más como sugiere la presidenta, sino alguien cuya influencia dentro del Gobierno es tal que obliga a todo el Ejecutivo a salir en su defensa. Eso es, en la práctica, ejercer poder. Y cuando ese poder no se encuentra previsto por la Constitución ni sometido a control, hablamos de un poder de facto.
La historia política peruana es pródiga en ejemplos de figuras familiares que operan entre las sombras del poder, pero pocas veces se había visto una validación tan explícita por parte del Ejecutivo.
Mientras esto sucede, la coalición parlamentaria autoritaria sigue mirando hacia otro lado o, como ha hecho la congresista fujimorista Patricia Juárez, lo defiende campantemente. No hay -hasta el momento- ninguna propuesta sobre la urgencia de legislar al papel jurídico y político de los familiares presidenciales. Esto para evitar que se repitan estos escenarios de captura institucional.
Nuevamente, el régimen anota una señal de precariedad de la institucionalidad que están derruyendo, entre ellas, la institución presidencial. Aquella que estará sumamente debilitada para el siguiente mandato tras las elecciones de 2026.