El Mediterráneo necesita reducir un 6% anual las emisiones de CO2 para cumplir el Acuerdo de París
Los países del Mediterráneo necesitan recortar las emisiones de media un 5,8% anualmente para poder cumplir con el Acuerdo de París, es decir, para mantener el mar bajo el umbral de los 2ºC de incremento de temperatura con respecto a los niveles preindustriales, según un estudio que OceanCare y el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3, por sus siglas en inglés) presentan este miércoles.
La investigación ha analizado la asignación del 'presupuesto de carbono restante' (RCB, por sus siglas en inglés) de los 22 países signatarios del Convenio de Barcelona -entre ellos, España-, es decir, cuánto dióxido de carbono (CO2) se puede emitir todavía en la región mediterránea en su conjunto antes de que supere el máximo marcado por el Acuerdo de París.
A su vez, ha proyectado las trayectorias de emisiones desde 2030 hasta 2100 basándose en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) de los países y evalúa enfoques alternativos para distribuir el presupuesto de carbono restante. Con todo ello, ha concluido con que todos los países de la cuenca Mediterránea deben acelerar la reducción de emisiones a partir de 2030.
Si por el contrario continúan emitiendo CO2 al mismo ritmo que en 2023, el 'presupuesto de carbono' de agotará en 2035, es decir, el Mediterráneo superará los 2ºC de calentamiento para esa fecha. Según cálculos de los autores, las emisiones deben reducirse un 6% anual de media entre 2030 y 2050.
"Tengo en el banco tanto dinero y no puedo gastarlo si no quiero quedarme en la bancarrota total. Entonces, debo ir limitando mis gastos. Pues aquí es un poco al revés, es decir, (...) tengo que limitar la cantidad de CO2 que emito a la atmósfera si quiero mantenerme dentro del límite y no superar ese tope", ha explicado en declaraciones a Europa Press el responsable de políticas oceánicas de OceanCare, Carlos Bravo.
Más allá de esto, el estudio también analiza cómo se puede distribuir el esfuerzo de reducción de emisiones entre los diferentes países en virtud de determinados criterios. En este sentido, los que están basados en la población son más equitativos, pero disruptivos --lo que implica una drástica reasignación de emisiones a nivel mundial-- mientras que las basadas en las emisiones actuales son más viables, pero corren el riesgo de perpetuar la actual distribución desigual de las emisiones.
Así, por ejemplo, Francia, Grecia, Italia y Eslovenia ya han superado su 'cuota' de CO2 hasta el año 2100 según el criterio de igualdad acumulativa per cápita, es decir, han sobrepasado el volumen de emisiones al que tendrían derecho si todas las personas pasadas y futuras tuvieran el mismo derecho a emitir. Por ello, tendrían que detener las emisiones en 2031 y aún así dejarían una 'deuda' con otros países por haber emitido parte de su cuota.
Sin embargo, el criterio de derechos adquiridos exige que todos los países descarbonicen al mismo ritmo (6% anual), asignando el presupuesto restante en proporción a las emisiones actuales y otorgando mayor margen de maniobra a los principales emisores. De acuerdo con la investigación, esta regla garantiza que las mayores reducciones se produzcan allí donde las emisiones son más altas, lo que lo convierte en un criterio menos disruptivo. Sin embargo, puede percibirse como injusto.
Para la región mediterránea en su conjunto, el mayor presupuesto se otorga según la regla Per Cápita, que distribuye las emisiones proporcionalmente a la población proyectada. Este criterio implica una tasa de descarbonización del 5 % anual entre 2030 y 2050, período durante el cual las emisiones medias per cápita deberían reducirse a la mitad, de las 4,24 toneladas de CO2 (tCO2) actuales a 2,14 tCO2.
De un modo u otro, los autores han incidido en que, independientemente del criterio de asignación seleccionado, la descarbonización debe acelerarse a partir de 2030 en todos los países a un ritmo sin precedentes. "Los retrasos en la adopción de medidas harán que la mitigación sea mucho más abrupta y costosa", han advertido.
Bravo ha lamentado que la mayoría de los Estados de la región no estén tomando la iniciativa en los esfuerzos de descarbonización "a pesar de las abrumadoras pruebas sobre el impacto desproporcionado del cambio climático en el Mediterráneo".
El estudio ha destacado las implicaciones para la extracción de combustibles fósiles, señalando que una parte significativa de éstos debe permanecer sin explotar para cumplir los objetivos climáticos. En este sentido, el experto ha recalcado que "los países mediterráneos deben ser coherentes con el acuerdo alcanzado en la COP28 y comenzar la transición para abandonar los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa, marcando el comienzo del fin de la era de los combustibles fósiles".
