Los indicios de financiación irregular del PSOE complican la vida a los socios
El pasado verano, el Congreso de los Diputados celebró un Pleno monográfico sobre la corrupción en el PSOE. Los socios parlamentarios del Gobierno, que escenificaron su descontento con los distintos escándalos que afectaban al entorno de Pedro Sánchez, colocaron entonces la línea roja en la financiación irregular del partido. Si se demostraba que había una "caja B", retirarían efectivamente su apoyo al Ejecutivo.
Ayer, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decidió enviar a la Audiencia Nacional parte de su investigación ante los indicios de que tanto Koldo García como José Luis Ábalos recibieron fondos del PSOE que no fueron contabilizados. Aunque no llega a hablar en su auto de una financiación irregular, sí que parece sospechar que se pudo producir y abre la puerta a que se investigue.
Aunque la decisión de Puente no llega a demostrar, al menos todavía, que haya financiación irregular, sí que sitúa a los socios de Sánchez en un balance muy complicado. Quieren demostrar que están en contra de la corrupción y presionar a Moncloa para que dé explicaciones sobre lo ocurrido, pero al mismo tiempo no quieren dejar caer al Ejecutivo.
Prueba de la dificultad para digerir este tipo de noticias es que ningún socio parlamentario se pronunció ayer sobre la noticia. La postura que tomen es algo que se tiene que debatir de manera interna y sobre la que la mayoría se pronunciará, previsiblemente, a partir del lunes en las ruedas de prensa semanales que se celebran.
Los que seguro que no tendrán que hacer malabares son Junts y Podemos. Los primeros, porque ya se consideran parte de la oposición y, desde este lunes, dan su apoyo al Gobierno por retirado. En el caso de los morados, porque llevan ya meses marcando distancias con el Ejecutivo y no tienen ningún tipo de problema en censurar a Pedro Sánchez. Sin embargo, a la hora de la verdad, en las votaciones parlamentarias, no castigan tanto al PSOE como sus declaraciones hacen intuir.