Sumar relativiza el impacto de la entrada de Ábalos en prisión aunque pide al PSOE que investigue "caiga quien caiga"

Sumar no se siente interpelada por la entrada en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos. Aunque nadie esperaba hace unas semanas un giro en el caso como este, en la coalición plurinacional creen que el daño de este caso al Gobierno ya está amortizado. No quitan gravedad al asunto y piden que se investigue hasta el fondo, pero creen que la estabilidad de la legislatura sigue garantizada aunque ven imprescindible que el PSOE dé pasos en vivienda, a diferencia de lo que ocurrió esta semana en el Congreso.

Este jueves, el exministro socialista ingresó en la cárcel de Soto del Real dentro de una causa que investiga supuestos cobros por la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La imagen es sensible para el Gobierno y también para la coalición de Sumar, heredera de un espacio electoral que comenzó a gestarse en el 15M y su repulsa a la corrupción del bipartidismo. 

Pero tanto los cinco ministros como los partidos que conforman el grupo parlamentario ya diagnosticaron hace tiempo, cuando se destaparon los primeros vínculos del caso con Ábalos y con el exsecretario de Organización Socialista Santos Cerdán, que mientras este sea un caso limitado a esas dos personas y no salpique al resto del partido o a otros ministerios, el Gobierno puede resistir. Por eso, más allá de lo simbólico de la imagen del jueves, la conclusión generalizada es que lo peor ya ha pasado y los esfuerzos del Ejecutivo tienen que seguir dedicados a la agenda social. 

“Que la justicia se aplique y que caiga quien tenga que caer”, es la frase que trasladan en el entorno de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La opinión no ha variado demasiado a pesar de que esta semana el propio Ábalos prácticamente acusase a la ministra de Trabajo de alojar sin permiso a otras personas en su vivienda ministerial durante los meses de la pandemia. “Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello”, escribió Ábalos en un mensaje en X en el que se quejaba de que la vicepresidenta le hubiese llamado “golfo”. La vicepresidenta respondió un día después que durante aquel período vivía en el ministerio junto a su entonces pareja y su hija. 

Díaz ha tratado de mantener hasta ahora cierta moderación sobre el caso de corrupción que afecta al PSOE, aunque suele apelar a unos pocos presuntos “golfos” que cometían “tropelías” durante la pandemia al lado de su ministerio, mientras ella trabajaba con su equipo en un edificio a pocos metros de la sede de Transportes. “Tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que él estaba haciendo en pandemia”, se limitó a decir este jueves. 

La sensación en cualquier caso es que a pesar de los últimos movimientos el caso no ha cobrado gravedad por mucho que Ábalos haya ingresado en prisión, una medida decretada por el juez de forma preventiva para evitar el riesgo de fuga. Fuentes de Movimiento Sumar trasladan que todo apunta a que no existen indicios por ahora de que esto vaya “más allá de algunas personas concretas”. “Que se investigue todo lo que tenga que investigarse. Caiga quien caiga y sea quien sea. Nos parece lamentable que algunos hayan podido aprovechar un momento como la pandemia para enriquecerse individualmente de manera fraudulenta y jugando con la seguridad y la vida”, trasladan esas fuentes. 

“Que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que caiga quien tenga que caer sea quien sea. Contra la corrupción necesitamos medidas y respuestas firmes y contundentes”, dijo este jueves la coordinadora general del partido, Lara Hernández, en declaraciones a los medios. 

Sumar ya pidió tras el estallido del caso Cerdán una serie de medidas contra la corrupción que todavía están por impulsarse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió algunas de ellas en su comparecencia ante el Congreso para dar explicaciones sobre aquel caso de corrupción, pero una de ellas, la creación de una oficina pública contra la corrupción, ni siquiera ha iniciado su camino parlamentario. Es uno de los principales arietes de la coalición contra las derechas, que tumbaron la iniciativa hace apenas unos meses. 

La opinión sobre el asunto es compartida por más partidos dentro del grupo parlamentario de Sumar. El diputado de Compromís integrado en ese grupo, Alberto Ibáñez, pidió a Ábalos que deje de “esparcir mierda” contra el Gobierno y se limite a dar explicaciones. “Yo creo que el señor Ábalos lo que debería hacer es dar explicaciones en el juzgado”, dijo, preguntado por las acusaciones contra Díaz. 

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también habló sobre el asunto este viernes, en una manifestación convocada por los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. “Que la justicia caiga con todo el peso de la ley”, dijo, aunque puso una línea roja en la financiación irregular del PSOE. “Pero por ahora lo único que se conoce en los autos que se han producido ha sido vinculación y posible responsabilidad penal de Ábalos y Koldo”, dijo.

Enfado con el PSOE por la vivienda

Más allá de la agenda anticorrupción que Sumar exigió al PSOE, una de las principales demandas del socio minoritario a su compañero de Gobierno ha sido la reactivación de la agenda social y, específicamente, un paquete de medidas ambicioso en materia de vivienda que hasta ahora los socialistas se han resistido a implementar. 

En esta línea, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, puso hace un mes encima de la mesa un decreto ya redactado con una batería de intervenciones en el mercado del alquiler para bajar los precios, entre ellas, la prórroga generalizada de más de 300.000 contratos que vencen próximamente y que se firmaron durante la pandemia en un contexto de bajas de precios. “Instamos al Partido Socialista a la negociación de ese real decreto. Estamos seguras, además, de que va a tener la mayoría parlamentaria, porque no se puede golpear el futuro de este país”, dijo Díaz este lunes en un acto público, después de varias semanas sin que al menos públicamente el PSOE haya hecho alguna concesión en esta negociación, algo que ha enfadado especialmente dentro del grupo parlamentario. 

En paralelo, esta semana Sumar llevó al Congreso una ley que buscaba impedir que las empresas puedan adquirir viviendas para uso residencial y así especular con ellas. El texto, que se debatió el martes, planteaba “prohibir a socimis, multipropietarios, fondos buitre y multinacionales” la compra de viviendas para uso residencial.

Tras el debate, quedó claro que la norma no iba a salir por la negativa de Junts y el resto de las derechas, pero en el seno del grupo hubo cundió el enfado con los socialistas cuando comprobaron el jueves los puntos amarillos en la bancada del PSOE en el cuadro de votación que mostraban la abstención de sus 121 diputados. 

“Ante el modelo de las derechas basado en la especulación, la subida de la presión y la burbuja inmobiliaria, el PSOE tiene que dejar de abstenerse de gobernar por el derecho a la vivienda. Necesitamos un gobierno, no una abstención”, escribía el partido en sus redes sociales, más duro de lo normal con su socio.