Comisiones de postulación: el pecado original de la débil institucionalidad guatemalteca
Como ya se ha planteado en muchos análisis previos, el 2026 será un año determinante para la institucionalidad del país, dado que los liderazgos de muchas instituciones clave se someterán a elección. Entre ellos destacan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el fiscal general del Ministerio Público (MP) y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), por mencionar algunos.
Ahora bien, debido a la estructura legal de los procesos de elección, la mayoría de estas instituciones, pese a que son “independientes” en su funcionamiento, sí están entrelazadas en su elección. Por ende, la perturbación de una elección podría generar un efecto dominó, resultando en la captura de las instituciones por intereses individuales, la difuminación de la separación de poderes y, consecuentemente, el desgaste de los pilares democráticos y republicanos que sostienen el sistema político guatemalteco.
Aunque cada proceso es diferente en su naturaleza, todos comparten una figura que, durante los últimos años, no solo ha sido motivo de disputa, sino que también se ha pervertido: las Comisiones de Postulación. Para entender este proceso de captura y politización, vale la pena recurrir a la teoría de la elección pública. Este marco de análisis es idóneo, ya que, como lo señala su definición más coloquial, esta tiene como objetivo explicar la política sin romanticismo.
Así pues, empleando conceptos y herramientas de la economía, describe el funcionamiento de las estructuras políticas. Las Comisiones de Postulación, aunque recientemente han ganado mayor protagonismo, no son un invento moderno. En realidad, este andamiaje institucional nació al mismo tiempo que la democracia guatemalteca, de la mano del proceso constituyente de 1985. En su forma original, las comisiones se diseñaron como un mecanismo para mejorar la selección de candidatos en la elección de funcionarios, garantizando mayor transparencia, menos discrecionalidad y un carácter más técnico. Sin embargo, como lo reflejan los eventos recientes, aunque la iniciativa parecía funcional en la teoría, la realidad y los intereses personales se han impuesto.
Esto se debe a que diversos operadores políticos han impulsado la captura de las estructuras, su politización y la opacidad en los resultados. En este sentido, de acuerdo con la teoría de elección pública, la corrupción de las comisiones es resultado del pecado original. Es decir, estas estructuras no funcionan adecuadamente, ya que parten de una premisa que es errónea y lesiva para la democracia e institucionalidad del país. La teoría indica que es incorrecto pensar que aquellos individuos que participan en la política “mágicamente” pierden todas las características del hombre económico, como la búsqueda por maximizar sus beneficios, el interés individual y la racionalidad de las decisiones al calcular los costos y beneficios de sus acciones. En realidad, todos los actores que participan en la arena política, aunque cambian de contexto, continúan siendo agentes económicos y, por ende, no intercambian el interés individual por el común, la maximización de beneficios personales por el altruismo o el cálculo de costes y beneficios por la beneficencia. Así pues, derivado de esta lógica no es incorrecto afirmar que, pese a que las Comisiones de Postulación surgieron como un mecanismo benevolente, esa ingenuidad ha favorecido a la captura política y la búsqueda de beneficios personales.
La ingenuidad institucional que abrió la puerta a la captura
Otro de los elementos teóricos que emplea la elección pública es el concepto de la búsqueda de rentas, la cual se define como la asignación de recursos, que podrían ser más productivos en otro lugar, para la captura de rentas para beneficio propio. Adicionalmente, esta dinámica también propicia la protección de rentas, dado que esos mismos actores emplearán recursos para proteger sus beneficios y prevenir que sean capturados por otros. En el contexto de las Comisiones de Postulación, esta dinámica se puede observar en los diversos casos de corrupción que se han destapado, donde operadores políticos han empleado recursos para presionar a los comisionados y así favorecer la elección de candidatos afines. Por ende, este proceso únicamente desvirtúa el concepto original de las comisiones, reduce la independencia de los comisionados y, por ende, politiza todos los procesos de elección. Adicionalmente, aunque esta estructura se plantee como una ajena a la burocracia estatal, en realidad, dada su organización, opera como cualquier otra estructura burocrática, lo cual genera una serie de problemas. En palabras de Gordon Tullock, uno de los grandes autores de la teoría de la elección pública, debido a que las burocracias son jerárquicas, los actores que se encuentran en las capas más bajas únicamente buscan complacer a sus superiores, a fin de asegurar su posición.
En el caso de las comisiones, esto provoca que los comisionados, presionados por los operadores, actúen de acuerdo a sus intereses, creando lazos de dependencia. Asimismo, los miembros de las comisiones, al percibir las potenciales ganancias que podrían obtener de los procesos, también estarán más enfocados en esta agenda paralela que en hacer el trabajo para el que fueron designados. Otra gran debilidad de las burocracias es la rigidez de la que sufren, lo cual inhibe un proceso estable y continuo. Ahora bien, más que un obstáculo, los operadores han convertido esta rigidez en una oportunidad, ya que se han servido de la complejidad de los tiempos políticos, las decisiones legislativas y los procesos de elección internos para potenciar sus beneficios. Ejemplo de esto son los retrasos provocados por los desacuerdos en cuanto a las sedes, las tablas de gradación, entre otros.
Partiendo de las deficiencias planteadas en la teoría y favorecidas en la realidad, no cabe duda de que su influencia no sería tal si se contara con un Estado de derecho robusto y certeza jurídica. Esto se debe a que, debido a que en la sociedad y los círculos de poder existe una percepción de que la ley es maleable, esta siempre estará a disposición de aquellos que ganen el pulso político. Así pues, las normas y reglamentos que regulan los procesos de elección, en vez de ser generales y abstractas, pasan a ser dirigidos y personales, afectando no solo los procesos de elección, sino que también la legitimidad de todas las instancias involucradas.
De esta manera, se evidencia cómo una figura pensada para fortalecer la democracia e institucionalidad, en realidad, se ha convertido en el instrumento idóneo para la regresión democrática. Por esta razón, asumiendo la relevancia de los procesos del 2026 y las debilidades de la estructura, es necesario que la sociedad civil, como un eje alejado de los círculos de poder, asuma el papel que le asigna la República, una participación activa. Es decir, así como es receptora de los derechos políticos, también debe hacerlos valer mediante su ejercicio, fomentando la transparencia y la estabilidad institucional.