Gobierno alista decreto que acerca a Petroperú a una privatización parcial vía ProInversión
El régimen interino de José Jerí alista un decreto de urgencia que redefiniría el futuro de Petroperú. El documento, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) bajo el mando de Denisse Miralles, propone encargar a ProInversión la reorganización integral de la empresa estatal, habilitando la separación de sus activos, incluida la Nueva Refinería de Talara, para su gestión bajo esquemas propios de la inversión privada.
Según el borrador, el decreto responde a un "riesgo inminente" para la operatividad de Petroperú asociado a la adquisición de crudo y productos. Según se indica, el objetivo es garantizar dicha operatividad y establecer disposiciones que aseguren una gestión más eficiente de la empresa, precisando además que su implementación no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.
Escisión de activos
El decreto autoriza que Petroperú sea "partida" en bloques. Cada bloque puede agrupar activos físicos, contratos, permisos y licencias, que luego serán transferidos a vehículos especiales creados para ese fin. Esta figura permite manejar por separado partes de la empresa que hoy están integradas.
Uno de los puntos más controvertidos es que estos bloques pueden incluir la Nueva Refinería de Talara, según el propio borrador del decreto. Se trata del proyecto energético más importante del país con una inversión superior a los US$5.000 millones, sin contar infraestructura logística, posición de mercado ni el potencial asociado a nuevos descubrimientos de hidrocarburos en el norte del país. El potencial decreto incluso deja sin efecto, para este proceso, algunas disposiciones legales que protegían la modernización de dicha refinería.
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ProInversión asume el control
El decreto incorpora a Petroperú al proceso de promoción de la inversión privada regulado por el Decreto Legislativo 674, el mismo marco legal que se utiliza para privatizaciones y concesiones de empresas estatales. Bajo este esquema, ProInversión podrá definir la modalidad de promoción que considere más conveniente para la empresa o para cada bloque patrimonial, sin requerir aprobación previa del Congreso.
Además, la agencia queda facultada para diseñar, conducir y ejecutar todo el proceso de reorganización, incluyendo la representación de los derechos económicos y políticos de los activos reestructurados, la toma de decisiones estratégicas y la selección de operadores especializados para su operación y mantenimiento.
Las decisiones adoptadas por ProInversión serán vinculantes para Petroperú, obligando a su Directorio y Gerencia General a ejecutar los actos societarios necesarios en un plazo máximo de cinco días hábiles, bajo responsabilidad funcional.
¿Privatización encubierta?
El decreto habilita mecanismos que acercan a Petroperú al escenario de la privatización, al permitir que activos importantes pasen a ser operados o gestionados por privados. Esto habilita que determinados activos estratégicos, incluidos proyectos como la Nueva Refinería de Talara, puedan ser gestionados por operadores privados, sin implicar la venta total de la empresa, sino una reorganización parcial orientada a garantizar eficiencia.
Los recursos que generen los activos reorganizados se destinarán primero a cubrir gastos operativos urgentes, luego al pago de deudas financieras y finalmente a cumplir con las obligaciones laborales. Además, el decreto ordena que Petroperú apruebe una nueva estructura organizacional y aplique medidas de reducción y reconversión de personal en un plazo máximo de 20 días hábiles.
El decreto tendría vigencia por un año y sería de aplicación inmediata, sin necesidad de reglamentos adicionales.