Defensa de Donald Guerrero afirma que pago de RD$21 mil millones a Banreservas fue legal y sin salida de fondos del Estado

Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Santo Domingo. Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, afirmaron que el pago de RD$21 mil millones realizado en 2020 al Banco de Reservas (Banreservas) fue una operación interinstitucional legal, auditada y sin salida de fondos del Estado dominicano.

La defensa sostuvo que el desembolso correspondió a una obligación legal en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas.

Eduardo Núñez, abogado de Guerrero, explicó que el pago se realizó desde el Ministerio de Hacienda hacia Banreservas y que el único receptor fue la entidad bancaria estatal. “No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público”, indicó.

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Según la defensa, la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que —afirman— confirma su carácter institucional y legal. Precisaron además que Donald Guerrero no creó ni administró el programa, cuya ejecución financiera correspondía exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.

Los abogados enfatizaron que el pago no generó pérdidas al Estado, sino que fue registrado oficialmente como una reducción de pasivos públicos al liquidar compromisos financieros acumulados. “El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude; es contabilidad pública transparente”, sostuvo Núñez.

Indicaron que la operación figura documentada en registros oficiales como el ERIR 2020, el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y la contabilidad pública, donde se describe como una liquidación de compromisos interestatales. A juicio de la defensa, el hecho de que la transacción esté consignada en informes oficiales desmonta cualquier acusación de estafa o desvío de fondos.

En relación con la acusación de lavado de activos, la defensa afirmó que es jurídicamente inviable, debido a que los recursos eran públicos y se transfirieron entre entidades estatales. “Sin dinero ilícito y sin delito precedente, el lavado simplemente no puede existir”, enfatizó Núñez.

Los abogados insistieron en que, tras más de cinco años de investigación, no existe evidencia que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos o beneficio personal. Anunciaron que los argumentos técnicos y la documentación oficial serán presentados ante el tribunal que conoce el proceso contra los tres exministros, con el objetivo de desmontar la acusación del Ministerio Público.

La defensa concluyó señalando que no ejecutar el pago habría implicado incumplir obligaciones legales del Estado dominicano, mientras que realizarlo constituyó —según su posición— el cumplimiento de un deber institucional.

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