La apoderada de la promotora de las 39 viviendas protegidas de Valencia es abogada de la Generalitat y conocida del edil del PP que impulsó la permuta

El Ayuntamiento de València reconoce vínculos con la promotora que ganó el concurso de vivienda protegida que el PSPV ha llevado a Fiscalía. El concejal de Patrimonio que impulsó la permuta, junto al edil de Urbanismo, ha reconocido en el pleno del Ayuntamiento de València que la apoderada de la empresa propietaria de la promotora, una abogada de la Generalitat, es compañera de su hijo en la abogacía y coincidieron cuando él era director del gabinete jurídico. “Era una de las personas con las que me encontré en la Abogacía de la Generalitat”, ha afirmado en el pleno José Marí Olano, que fue responsable de Patrimonio en el momento de la operación, quien también ha señalado que la alta funcionaria es la mujer del dueño de la promotora. “La verdad es que es una persona muy maja. Debe tener mi edad más o menos. Y luego sé que es compañera de mi hijo, que sacó el año pasado las oposiciones a abogado de la Generalitat”, ha expuesto el edil, que ha comentado que “sabía que era la esposa” del propietario.

Marí Olano ha mostrado la relación en respuesta a las acusaciones del PSPV, cuyo portavoz, Borja Sanjuan, ha exhibido que la alta funcionaria fue también administradora de la empresa. “Rechazo las barbaridades que está diciendo. Ha perdido el norte”, le ha reprochado el concejal del PP. El edil era entonces responsable de Patrimonio e impulsó junto al edil de Urbanismo, Juan Giner, la permuta de los terrenos.

La abogada de la Generalitat Valenciana fue aupada como coordinadora de abogacía por el Consell del PP. Fue administradora de Inversiones Montelimar a finales de los 90, empresa propietaria del Grupo Domio, al que pertenece Domio Desarrollos II, la mercantil que ganó la permuta. La funcionaria no figura como responsable de la empresa que ganó el concurso, pero sí de la propietaria del grupo, en los años 1998 y 1999.

El PSPV denuncia vínculos de la mercantil que ganó el concurso público, de manera cuestionable, con los populares valencianos, dado que el cargo que ocupa la abogada es de libre designación entre el cuerpo funcionarial. Fue nombrada en una resolución de diciembre de 2023 firmada por el entonces subsecretario de Presidencia, Joaquín Vañó, con Carlos Mazón al frente del Consell, aunque llevaba años en la Administración autonómica.

En el pleno del Ayuntamiento de este martes, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha señalado que “el PP la nombró abogada coordinadora en 2023”, como consta en el diario oficial de la Generalitat Valenciana. Los socialistas han llevado a Fiscalía la operación del Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, tras conocer que la empresa Domios Desarrollos II, que ganó el concurso público, anuló las prerreservas para presentarse a la permuta, algo que podría incumplir los pliegos de contratación. Sanjuan ha pedido una revisión de oficio de las permutas, que considera “un pelotazo a favor de amigos”.

Domio Desarrollos II ganó en octubre de 2025 un concurso público por el que el Ayuntamiento de València adquiría un edificio de obra nueva de 39 viviendas a cambio de cuatro solares de titularidad municipal en los que la promotora debe construir 200 viviendas de protección pública. El PSPV denunció que la constructora anuló la prerreserva a las familias antes de optar a la permuta, y considera que podría haber incluido información falsa en la declaración responsable que presentó al Ayuntamiento. El consistorio le ha requerido la documentación para examinarla.

La mercantil Domios Desarrollos II es propiedad de Domio Habitat, que a su vez es propiedad del Grupo Montelimar. La coordinadora de la abogacía figura como apoderada en varias empresas de Domio, incluida la propietaria, Grupo Montelimar. Sin embargo, no consta como representante de Domio Desarrollos, la empresa que concurrió al concurso.

Uno de los requisitos para presentarse al concurso público de la permuta, incluído a petición de un técnico municipal, era que que las viviendas no podían estar comercializadas. El Ayuntamiento recibió al menos cinco peticiones vecinales sobre el expediente de las viviendas protegidas, cinco personas que pidieron información y aportaron el contrato con la mercantil, que sospechaban que iba a cambiar las condiciones del edificio y cancelar su contrato. El consistorio les reconoció su derecho como interesados en el expediente de las viviendas protegidas e incorporó el contrato. Esto, a juicio de los socialistas, implica reconocer que había unos derechos sobre las viviendas.

Urbanismo: “Si la empresa no cumple, habrá que demandar”

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, niega que haya negocio en el modelo de permutas y recuerda que el importe de los solares y las viviendas está tasado. “No hay pelotazo, sume y reste”, ha instado. El edil ya advirtió el viernes que de haber alguna denuncia, el proceso se revisaría. Este martes, ha apuntado que el consistorio ha requerido a la empresa que justifique la declaración responsable y pedido un informe a los servicios jurídicos. “Si [la empresa] cumple, se acabó; si no, habrá que demandar a la empresa”, ha señalado.