Benidorm baraja liquidar la crisis de Serra Gelada en 100 años: este es el plan para pagar la condena urbanística de 350 millones

El Ayuntamiento de Benidorm ha trazado una hoja de ruta técnica para afrontar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuya cuantía total asciende a 349.837.519,75 euros según los cálculos actualizados a 20 de febrero de 2026. Esta cifra es el resultado de sumar un principal de 283.055.750,12 euros y unos intereses devengados que ya superan los 66,7 millones de euros. El informe de Intervención municipal, elaborado a petición del alcalde Toni Pérez (PP), analiza diversos escenarios de pago con el objetivo irrenunciable de no reducir los servicios públicos ni incrementar los impuestos, tasas o precios públicos de la ciudad.

Para articular este desembolso multimillonario, la administración local ha optado por una estrategia financiera mixta. Por un lado formalizar la adhesión al Fondo de Impulso Económico por un valor de 55 millones de euros, una cantidad que el Ministerio de Hacienda ha aceptado y que el consistorio prevé devolver en un plazo de 12 años con un tipo de interés estimado del 3,5%. Por otro lado, la cuantía restante de 294.837.519,75 euros se gestionaría a través de un plan de pagos directo a la parte demandante, para el cual se han simulado calendarios de amortización que abarcan desde una década hasta un siglo completo.

El plan técnico contempla un cuadro exhaustivo con diferentes periodos de amortización de la deuda para que el consistorio pueda evaluar el impacto financiero según el tiempo de devolución elegido. Estas proyecciones comienzan con un plazo mínimo de 12 años y se extienden de forma decenal a través de opciones de 20, 30, 40 y así sucesivamente hasta alcanzar el siglo de duración. Cada uno de estos escenarios detalla tanto la anualidad inmediata que debería consignar el Ayuntamiento en sus presupuestos como el volumen total de intereses que se generarían al finalizar cada periodo.

Más que duplicar la deuda para no aumentar impuestos

El escenario que contempla un plazo de 100 años es el que mejor se ajusta a la premisa de no alterar la presión fiscal, aunque conlleva un coste financiero extraordinario. En este supuesto, la anualidad correspondiente al ejercicio 2027 se situaría en 19.038.927,92 euros, pero el montante total de intereses devengados al finalizar el siglo alcanzaría los 496.414.579,29 euros. De esta forma, la suma de la deuda principal y los intereses acumulados elevaría la factura final de la sentencia hasta los 846.252.099,04 euros, lo que supone más del doble del importe original.

La intervención municipal advierte sobre la enorme carga que supone la demora en los pagos, señalando que a medida que se amplía el número de años de devolución, disminuye el importe que se amortiza anualmente pero aumentan drásticamente los intereses. Un dato crítico que arroja el informe es que, a partir de un plazo de devolución de 70 años, el dinero destinado exclusivamente a intereses ya es superior a la cantidad principal que debe ser amortizada. En definitiva, el informe concluye que cumplir con la sentencia sin recurrir a recortes o subidas de impuestos requeriría de forma efectiva un calendario de pagos superior a los 100 años.