La Unión Europea lanza un aviso a España: el Gobierno está obligado a corregir el incumplimiento de la ley sobre créditos hipotecarios
La Comisión Europea ha lanzado un serio aviso a España después de detectar el incumplimiento de una de sus normativas. El pasado 30 de enero, Bruselas dio a conocer el paquete de procedimientos de infracción y señaló que España no está cumpliendo con las normas comunitarias sobre créditos hipotecarios.
El organismo afirma que la legislación española no se ajusta a la Directiva 2014/17/UE de créditos inmobiliarios, al no garantizar plenamente la competencia ni la protección del consumidor en el mercado financiero.
Tras iniciar el procedimiento sancionador, la Comisión Europea ha dado a España un plazo de modificación de esta normativa antes de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿En qué consiste la Directiva 2014/17/UE?
La Directiva 2014/17/UE es la normativa europea que regula el crédito inmobiliario con consumidores. Se trata de las reglas básicas para obtener préstamos hipotecarios para viviendas, y tiene el objetivo de proteger al consumidor y crear un mercado hipotecario único y más eficiente.
En este sentido, España no cumple en estos momentos con las reglas fijadas a nivel europeo, lo que ha supuesto el envío de una carta de emplazamiento por parte de la Comisión Europea. Desde Bruselas apuntan que España presenta una serie de irregularidades sobre la ley.
¿Qué incumple España?
Por un lado, la normativa europea exige que todos los prestamistas de la UE tengan acceso a las bases de datos de solvencia del país donde operan, algo que España no ha transpuesto adecuadamente. Con ello, España dificulta que entidades de otros países puedan ofrecer créditos hipotecarios en nuestro territorio, afectando a la competencia y reduciendo las opciones del ciudadano español.
Además, la Directiva exige que los intermediarios de crédito sean supervisados por el Estado miembro de origen. El país de acogida, en este caso España, solo puede ejercer determinadas funciones para que los trabajadores puedan hacer operaciones en otros estados de la UE, algo que no se cumple en estos momentos.
España tiene dos meses para cambiar la normativa
Tras formalizar el procedimiento sancionador, España cuenta con 60 días para modificar su normativa en esta materia. Si pasados esos dos meses España no realiza ningún cambio, la Comisión Europea podría emitir un dictamen motivado, es decir, un documento jurídico formal que explica detalladamente las razones para exigir a un Estado miembro que corrija una infracción antes de acudir al Tribunal de Justicia.
Si la situación continua igual, la Comisión Europea podría imponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE que desembocaría en una sanción económica para España.