Inacción del Gobierno obliga a Petroperú a alistarse para cerrar operaciones del lote Z-69: la carta de Perupetro
Una carta enviada por la agencia estatal Perupetro, entidad que administra los contratos petroleros y gasíferos del país, da cuenta que Petroperú deberá empezar a prepararse para el eventual cierre de operaciones del lote petrolero Z-69, campo en el mar ubicado frente a la costa de Piura (Talara) ante la posibilidad de que el contrato vigente expire el 15 de mayo de 2026 sin que el Gobierno apruebe una ampliación.
En el documento, firmado por el gerente general de Perupetro, Jorge Aguilar Lizárraga, la entidad recuerda que el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos, es decir el acuerdo que autoriza a una empresa a producir petróleo o gas en un área determinada, culmina en la fecha mencionada.
Perupetro señala que hasta el momento no ha recibido comunicación sobre el tratamiento de los activos del lote, lo que impide avanzar con anticipación en un nuevo proceso de contratación. Esto, según explica la entidad, limita la posibilidad de convocar a una Convocatoria Abierta, la cual consiste en un proceso competitivo para elegir a un nuevo operador del campo petrolero.
Ante este escenario, la estatal indicó que previamente planteó extender el contrato por 12 meses adicionales, con el fin de permitir la realización de un nuevo proceso competitivo y garantizar la continuidad de las operaciones del lote. La propuesta fue comunicada a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y a Petroperú.
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Perupetro advierte posible cierre del lote Z-69 si el Gobierno no amplía el contrato
Sin embargo, Perupetro advierte que si hasta el 15 de mayo no se aprueba un Decreto Supremo que amplíe la vigencia del contrato o se firme uno nuevo, Petroperú deberá adoptar medidas preventivas para cerrar las operaciones de manera segura.
Por ello, la empresa estatal pidió a Petroperú presentar un Plan de Cierre Seguro de Operaciones a más tardar 60 días antes del vencimiento del contrato. Este documento debe incluir el cronograma de actividades, los recursos necesarios y las medidas de seguridad industrial y ambiental para evitar incidentes durante el proceso.
Además, Perupetro solicitó que se remita un listado de los bienes e instalaciones de producción adquiridos durante la vigencia del contrato, con el fin de evaluar su transferencia al Estado. Según el contrato, estos activos deben entregarse en buen estado de conservación, mantenimiento y funcionamiento para permitir que las operaciones puedan continuar en el futuro.
La carta también recuerda que Petroperú es propietario de la mayoría de las instalaciones del lote, entre ellas plataformas, baterías de producción (instalaciones donde se separan petróleo, gas y agua), campamentos, muelles y oficinas.
En caso de que el contrato venza sin ampliación, la empresa deberá mantener la custodia y vigilancia de dichas infraestructuras, además de asumir responsabilidades ante eventuales emergencias ambientales asociadas a estas.
Finalmente, Perupetro indicó que el contratista también deberá presentar ante la autoridad competente un plan de abandono (documento ambiental que detalla cómo se desmantelarán o asegurarán las instalaciones al finalizar una operación petrolera), conforme a la normativa vigente
Cierre de plataformas en el lote Z-69 ya provocó pérdida de producción petrolera
El lote Z-69 ya ha enfrentado paralizaciones que afectaron la producción de petróleo en el país. El cierre de nueve instalaciones marinas frente a la costa de Talara, en Piura, impidió que el Perú produzca cerca de 300.000 barriles de crudo entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.
Durante ese periodo, las plataformas vinculadas a Petroperú permanecieron paralizadas, lo que redujo la producción nacional de hidrocarburos. Esto ocurre en un momento crítico debido a la alta dependencia del país de combustibles importados y precios internacionales del petróleo cercanos a US$100 por barril.
Según estimaciones del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), la paralización de estas instalaciones significó que se dejaran de producir 297.606 barriles de petróleo, lo que equivale a aproximadamente US$22,1 millones en producción no realizada.
Además, el Estado habría dejado de percibir cerca de US$3,5 millones en regalías y alrededor de US$300.000 en aportes al Fondo Social destinados a las zonas de influencia de la actividad petrolera.
Pedro Castro Balmaceda, secretario de Defensa del STAPP, cuestionó las decisiones del regulador Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, al considerar que el cierre de estas plataformas terminó afectando la producción nacional de hidrocarburos.