Condenan a exgeneral PNP que incrementó ilegalmente su patrimonio en más de S/ 250 mil
El Poder Judicial sentenció a cinco años de pena privativa de libertad, suspendida por un periodo de prueba de cuatro años, a Máximo Sánchez Padilla, exgeneral de la Policía Nacional del Perú, quien, de acuerdo con las autoridades, incrementó ilegalmente su patrimonio en más de S/250.000.
Así lo confirmó la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Tercer Despacho), a cargo de la fiscal Janny Sánchez Porturas.
Sánchez Padilla prestó servicios como general PNP en el Alto Huallaga, Vraem, Junín y Madre de Dios.
En 2019, cuando la delincuencia crecía y hacían falta policías en las calles, el ahora sentenciado oficial, entonces jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), utilizó a 15 subalternos PNP y ordenó que colocaran y pintaran su nombre en lo alto de un cerro ubicado al interior de esa base policial, en Ate.
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Según informó el Ministerio Público, la fiscal adjunta provincial Katerin Ramírez demostró durante el juicio que, entre 2010 y 2015, el exoficial incrementó ilícitamente su patrimonio en S/250.190,56, mientras ejercía altos cargos de mando en zonas estratégicas como el Vraem y el Huallaga, así como en la dirección de la Región Policial Junín.
El ocultamiento deliberado de activos fue comprobado mediante una pericia financiera que demostró que el imputado realizaba depósitos masivos en cuentas a plazo fijo que alcanzaban los 400 mil soles. No obstante, en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, el general PNP afirmaba bajo juramento no poseer ahorros ni inversiones para intentar evadir el control estatal sobre su fortuna real.
Cabe precisar que el exalto mando policial no pudo justificar la legalidad de los fondos ni acreditar que dicho dinero correspondía a ahorros familiares o a un estilo de vida austero.
Por esta razón, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un año y también se le impuso el pago de una reparación civil de S/300.190,56, que incluye la devolución del monto defraudado al patrimonio público y una indemnización por el daño causado a la imagen del Estado.
Con este fallo de primera instancia, el Ministerio Público ratificó su compromiso con la persecución estratégica de la corrupción en los más altos niveles de la función pública.