Médicos en huelga, ministra sorda

Evaluar el malestar de una profesión por la incidencia de una huelga no siempre resulta adecuado, menos aún en el caso de los médicos, cuyo compromiso ético y unos servicios mínimos que en algunos casos llegan al cien por cien del servicio limitan de facto el alcance de sus protestas. Sin embargo, la prolongación del conflicto durante diez meses de huelga es síntoma suficiente de una crisis profunda en el sistema sanitario. Los datos difundidos ayer por el Partido Popular, referidos a las comunidades autónomas que gobierna, indican que los paros han provocado la suspensión de dos millones de consultas y el aplazamiento de 70.000 intervenciones. A ello se suma un contexto estructural marcado por la falta de profesionales, el envejecimiento de las plantillas y una presión asistencial creciente que, como reconocen diversas fuentes, compromete la calidad del servicio. Este deterioro no es coyuntural, sino el resultado de años de insuficiente planificación y de una incapacidad persistente para adaptar el sistema a nuevas demandas. El conflicto en torno al Estatuto Marco ha actuado como catalizador de un malestar acumulado. Los facultativos reclaman, entre otras cuestiones, un ámbito propio de negociación, una revisión de sus condiciones laborales y un reconocimiento acorde con su responsabilidad profesional. Frente a ello, el Ministerio de Sanidad ha optado por una estrategia errática, marcada por propuestas insuficientes y una interlocución política que deja mucho que desear. Los sindicatos denuncian la ausencia de avances reales y una actitud de bloqueo que ha contribuido a enquistar el conflicto. La responsabilidad política de este fracaso resulta ineludible. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tratado de desplazar el foco del problema hacia las comunidades autónomas, alegando problemas de gestión territorial o falta de recursos. Sin embargo, esa argumentación elude el núcleo del conflicto, que reside en una reforma impulsada desde su ministerio y en su falta de capacidad para articular un consenso básico. La coordinación del Sistema Nacional de Salud exige liderazgo y voluntad de acuerdo, no la transferencia de responsabilidades ni la confrontación institucional. El deterioro de la sanidad pública tiene implicaciones que trascienden el ámbito laboral. Afecta a la cohesión social, a la igualdad de acceso a los servicios esenciales y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Permitir que un conflicto de esta naturaleza se prolongue durante meses sin una solución efectiva supone asumir un coste inaceptable tanto para los profesionales como para los pacientes. Por ello, resulta imprescindible reconducir la situación con urgencia. El Gobierno debe recuperar una interlocución creíble con el colectivo médico, replantear los aspectos más controvertidos del Estatuto Marco y promover un acuerdo que garantice la sostenibilidad del sistema sin menoscabar la equidad entre profesionales. La sanidad pública no puede sostenerse sobre la desafección de quienes la hacen posible. Ignorar este hecho no hará sino agravar una crisis que ya es demasiado visible.