Gobierno autoriza respaldo a Petroperú para acceder a financiamiento de hasta US$2.000 millones ante crisis energética
El Gobierno publicó esta mañana el decreto de urgencia Nº 003-2026, mediante el cual establece medidas extraordinarias para sostener las operaciones de Petroperú frente a la crisis energética internacional y evitar problemas de abastecimiento de combustibles en el país.
La norma autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a asumir compromisos contingentes, es decir, garantías y obligaciones de pago que se activarían si Petroperú no puede cumplir con sus compromisos financieros hasta por US$2.000 millones más costos financieros.
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La medida busca facilitar que Petroperú consiga liquidez (dinero inmediato) y financiamiento de bancos u otras entidades nacionales e internacionales para mantener sus operaciones y comprar combustibles e insumos.
En conferencia de prensa, el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio, señaló que el nuevo decreto no implica una entrega directa de recursos públicos a Petroperú, sino un mecanismo de respaldo para facilitar financiamiento privado.
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“Permite al Estado servir como respaldo para que Petroperú consiga préstamos y recursos con bancos e inversionistas”, afirmó. Agregó que el objetivo es que los recursos obtenidos se destinen exclusivamente a asegurar la continuidad operativa de la empresa estatal y el abastecimiento energético.
“Tenemos una empresa energética que tiene que cumplir ese rol. Tenemos que estar seguros de que contará con recursos para seguir atendiendo a las zonas críticas del país”, sostuvo.
Crisis petrolera amenaza abastecimiento de combustibles en Perú
El Poder Ejecutivo argumentó que el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, ruta crítica para el transporte mundial de petróleo, han elevado los precios internacionales del crudo y generado riesgos de desabastecimiento.
Según el decreto, el petróleo WTI subió 11% durante el primer bimestre de 2026 y registró un incremento adicional de 30% en marzo, lo que elevó el costo de adquisición de petróleo, derivados y fletes marítimos.
La norma advierte además que el Perú depende fuertemente de los hidrocarburos, que representan el 74% de la matriz energética nacional. En ese contexto, el Gobierno de José María Balcázar sostiene que una interrupción del suministro afectaría actividades económicas esenciales como el transporte, el comercio y la producción.
El decreto también destaca el rol de Petroperú en el mercado interno. La empresa estatal mantiene una participación de 42% en diésel y 31% en gasolinas a nivel nacional. Además, supera el 75% de presencia en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde la participación privada es mínima.
El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, defendió la medida tras argumentar que un eventual incremento del precio de los combustibles impactaría con mayor fuerza en las regiones más vulnerables del país.
“Si el precio del combustible subiera en la selva, donde es región de mayor pobreza, el impacto sería perjudicial”, afirmó.
Además, remarcó que el objetivo del decreto es garantizar la continuidad operativa de la petrolera estatal. “Petroperú tiene que seguir operando. Hay que darle continuidad operativa”, indicó.
El titular del MEF rechazó además que la medida constituya un "salvataje" financiero a la petrolera estatal y sostuvo que los recursos estarán sujetos a supervisión.
"No es un salvataje, le hemos establecido condiciones. Estamos creando este espacio distinto donde Proinversión entra a garantizar los recursos. No es de libre disponibilidad de la empresa. Va a estar MEF y Minem", declaró.
MEF: respaldo financiero no implica entrega directa de dinero a Petroperú
Añadió que entidades financieras han mostrado interés en encontrar una salida financiera para la empresa estatal. "Los bancos nos han ido a visitar en el último tiempo encontrando una salida para Petroperú, porque ellos tienen inversionistas también", afirmó. "Para tranquilidad de todos, no se está usando recursos públicos", agregó.
La norma reconoce que Petroperú atraviesa problemas de liquidez, es decir, dificultades para contar con dinero disponible para sus operaciones inmediatas, debido a la volatilidad internacional del petróleo, la rebaja de su calificación crediticia y fallas operativas registradas este año.
Entre estas últimas, el decreto menciona problemas en la Refinería Talara, particularmente en las plantas encargadas de producir agua desmineralizada necesaria para las operaciones industriales. Debido a esta situación, el 2 de abril de 2026 se realizó una "parada segura" para evitar daños mayores o una paralización total de la refinería.
Petroperú arrastra pérdidas operativas desde 2022, coincidiendo con la puesta en marcha de la Nueva Refinería Talara. El deterioro financiero de la empresa ha complicado el acceso a créditos y financiamiento internacional, reza el dispositivo legal.
Como parte de las medidas aprobadas, Petroperú podrá crear un "vehículo de propósito especial", que servirá como una empresa o estructura financiera separada creada exclusivamente para administrar recursos y operaciones específicas" sola o junto con terceros, incluidos bancos o inversionistas.
Este mecanismo servirá para recibir, administrar y canalizar recursos destinados a mantener las operaciones de la petrolera estatal y ejecutar el proceso de privatización, que se mantiene en pie, según el Decreto de Urgencia N.º 010-2025.
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Proinversión supervisará recursos y habilitará primer tramo de US$500 millones
El decreto otorga además un rol central a Proinversión. La entidad será la encargada de liderar y supervisar la estructura financiera, así como de emitir instrucciones sobre el uso de los recursos administrados mediante fideicomisos.
Respecto al primer tramo de financiamiento, Del Carpio explicó que inicialmente se habilitarán hasta US$500 millones para atender necesidades inmediatas de operación.
“La línea se autoriza hasta US$2.000 millones. Lo primero es hasta US$500 millones. Eso responde a una necesidad inmediata para contar con esos recursos pronto. En las siguientes semanas se habilita completamente la línea restante”, indicó.
Añadió que el objetivo es que sea Petroperú quien honre finalmente esas obligaciones financieras. "Nadie está pronosticando que el Estado va a pagar esto. Quien va a pagar esta línea va a ser Petroperú", afirmó.
Según Del Carpio, la empresa estatal podrá recuperar capacidad operativa y generación de flujos financieros una vez que se estabilice el suministro y se normalice la relación con proveedores internacionales.
Además, el Minem podrá asumir compromisos de corto plazo por hasta US$500 millones mientras se concreta el financiamiento principal autorizado en la norma.
El dispositivo también exceptúa a Petroperú de disposiciones de su estatuto interno que puedan impedir la aplicación inmediata de estas medidas y obliga a su directorio y gerencia general a ejecutar las decisiones requeridas por Proinversión en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Dicho decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.