"Discriminación negativa" de la Guardia Civil por parte de Sánchez y Marlaska por razones políticas
El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska siempre ha mantenido una relación más fluida con la Policía Nacional que con la Guardia Civil. Las razones para encontrar justificación a esta preferencia pueden ser múltiples. Desde una cultura organizativa distinta a las estructuras de mando diferentes, por ejemplo. O, también, cabe apuntar a la cuestión política que siempre subyace de fondo. La Policía depende más directamente del aparato ministerial y tiene una tradición más urbana, más sindicalizada y menos autónoma operativamente que la Guardia Civil. El Instituto Armado, en cambio, conserva una cultura interna muy jerárquica, muy corporativa y con una fuerte conciencia de independencia profesional en determinadas unidades de investigación.
En este marco entra a jugar la UCO. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes factores de desestabilización política para el Gobierno. Sus informes han sido determinantes en casos de corrupción que afectan al núcleo de poder del presidente del Gobierno, con la trama Ábalos-Koldo-Aldama en el centro de la diana, y esto ha generado en sectores del sanchismo una creciente hostilidad hacia determinadas unidades de la Guardia Civil.
El problema es que esa tensión ha acabado contaminando la relación institucional entera. El plantón institucional de Pedro Sánchez y su ministro Marlaska al homenaje de los dos guardias civiles asesinados en Huelva tiene un impacto político devastador porque no es solo una ausencia protocolaria, sino un síntoma más de la distancia emocional y política que este Gobierno mantiene desde hace años con parte de la Guardia Civil.
La muerte de los agentes arrollados por una narcolancha en Barbate marcó un antes y un después en la percepción social del problema del narcotráfico en el sur de España. Aquellas imágenes transmitieron de manera cruda la sensación de que el Estado estaba perdiendo autoridad frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, más ricas y mejor equipadas. Y, desde entonces, el malestar dentro de la Guardia Civil no ha hecho más que crecer por la falta de medios materiales, de embarcaciones, de refuerzos y de equipos adecuados, y también por la percepción de abandono político.
Es ahí donde aparece una pregunta incómoda que ya empieza a escucharse abiertamente dentro de la Benemérita y también en ámbitos judiciales: ¿por qué cuesta tanto reforzar determinadas unidades, especialmente las más sensibles en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción? No hay pruebas de una “intención política” deliberada para debilitar a la Guardia Civil, y sería irresponsable afirmarlo. Pero sí existe una realidad objetiva: las relaciones entre el Ministerio del Interior y sectores importantes del Instituto Armado están profundamente deterioradas.
La UCO ha investigado casos extremadamente sensibles para Sánchez y el “corazón” de su poder, y esto ha generado un clima de desconfianza mutua que acaba contaminándolo todo. Pero cuando esa tensión coincide con tragedias como Barbate o Huelva, la realidad es que el daño simbólico se multiplica porque muchos guardias civiles sienten que están arriesgando la vida mientras el poder político mantiene una relación fría, incómoda y muchas veces defensiva con el Cuerpo.
La ausencia de Sánchez y Marlaska en el homenaje a los dos últimos guardias civiles caídos en la lucha contra el narcotráfico ha reforzado exactamente esa percepción. “En política hay gestos que pesan más que cien discursos, y cuando dos agentes mueren luchando contra el narcotráfico, el Estado debería transmitir una mínima imagen inequívoca de respaldo institucional”, sentencian la dirección de la Guardia Civil.