El Gobierno, donde más le conviene

Que un plantel de ministros haya desfilado por Canarias durante la operación del hantavirus, de la que tanto presume el Gobierno, y que al mismo tiempo ningún miembro del Ejecutivo acudiera al funeral de los dos guardias civiles muertos en una persecución desigual contra los narcos frente a las costas de Huelva retrata, esta vez de manera simultánea y descarnada, cuáles son las verdaderas prioridades de la Moncloa. Cuesta creer que ningún responsable de ninguna cartera, especialmente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considerase importante asistir a las exequias de los agentes para acompañar a sus familias, a sus compañeros y a toda una institución golpeada por la tragedia. La diferencia entre ambos escenarios, coincidentes además en el tiempo, solo puede explicarse por la conveniencia política. En Canarias, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se presentó a sacar pecho de su gestión ante la llegada del crucero y la alarma sanitaria posterior. En Huelva, en cambio, lo que quedaba sobre la mesa era la falta de medios con la que los agentes combaten de manera heroica a un narcotráfico cada vez más poderoso y violento. Allí no había fotografías favorables ni titulares cómodos; había preguntas directas sobre la responsabilidad del Ministerio del Interior y sobre el abandono que denuncian desde hace años las asociaciones de guardias civiles. La ausencia del Ejecutivo no fue un descuido protocolario. Fue una decisión política coherente con una forma de gobernar basada en la propaganda, en el interés inmediato y en esa obsesión por conducir la realidad a golpe de relato. En Huelva no había oportunidad política; había deber institucional y obligación moral. Había que estar al lado de quienes sirven al Estado incluso a costa de su vida, aunque eso implicara escuchar críticas o asumir responsabilidades. Desgraciadamente, no se trata de un hecho aislado. La Moncloa lleva tiempo compareciendo solo allí donde espera recibir aplausos y evitando aquellos escenarios donde puede ser cuestionada. Ocurrió tras la dana de Valencia, cuando el Gobierno rehusó asumir el control de la emergencia y evitó exponerse al malestar ciudadano. Ocurrió también en Adamuz. Y vuelve a suceder ahora en Huelva. La ciudadanía tiene derecho a pedir cuentas al Ministerio del Interior por una desigualdad frente al narcotráfico que empieza a parecer estructural. Los agentes llevan años denunciando la falta de medios, la precariedad material y la inferioridad con la que se enfrentan a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y violentas. El Gobierno conoce esa situación y, sin embargo, opta por esconderse cuando la realidad estalla en tragedia. Han sido ya demasiadas espantadas. Y resulta demasiado evidente el contraste entre las desapariciones del Ejecutivo en los momentos dolorosos y las apariciones masivas de ministros allí donde puede obtener rédito político. Por eso la sensación que queda es profundamente desoladora: el Gobierno, en vez de estar donde más se le necesita, comparece siempre donde más le conviene.