Ecuador detuvo a 5.000 personas durante los toques de queda, pero solo 700 están vinculadas con la criminalidad
Durante las dos semanas en que rigió el toque de queda nocturno en Ecuador, las autoridades aprehendieron a un total de 5.023 personas, de las cuales apenas 717 tenían presuntos vínculos con bandas criminales, según el último informe del Bloque de Seguridad, integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La medida, que se aplicó entre el 3 y el 18 de mayo en nueve provincias —incluidas Guayas, Manabí, Pichincha y Los Ríos—, buscaba contener la escalada de violencia asociada al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Durante este período de restricción, las fuerzas de seguridad establecieron 2.373 puntos de control, realizaron 378 allanamientos y ejecutaron 56 operaciones específicas contra estructuras delictivas. Entre los detenidos se encontraban dos de los delincuentes más buscados del país.
El operativo permitió decomisar 9,2 toneladas de drogas, 630 armas de fuego y armas blancas, 3.078 municiones, 1.140 explosivos, así como maquinaria vinculada a la minería ilegal: 370 retroexcavadoras, 17 camiones cisterna y 14 embarcaciones, entre otros. Además, se recuperaron 1.039 vehículos y 882 motocicletas.
Eficacia de Daniel Noboa cuestionada
A pesar del amplio despliegue, solo el 14,3% de los arrestados estaba presuntamente ligado a delitos organizados, mientras que el 85,7% restante fue detenido por incumplir el toque de queda o por delitos menores, lo que generó cuestionamientos sobre la eficacia real de la medida.
Sectores económicos como el comercio, la restauración y el turismo habían advertido sobre el impacto negativo de la restricción en la actividad nocturna, especialmente en ciudades costeras y centros urbanos.
Contexto de violencia ecuatoriana
Ecuador cerró 2025 con una tasa récord de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que lo posicionó como uno de los países más violentos de América Latina, según InSight Crime. Su ubicación estratégica en el Pacífico oriental lo convierte en un corredor clave para el tránsito de cerca del 70% de la cocaína proveniente de Colombia y Perú.
El gobierno del presidente Daniel Noboa, que mantiene vigente la declaratoria de conflicto armado interno desde enero de 2024 y clasifica a varias organizaciones criminales como grupos terroristas, apostó por la mano dura como política de seguridad. Los toques de queda forman parte de una serie de medidas que buscan limitar la movilidad de estas mafias y fortalecer el control territorial.
Sin embargo, persiste la pregunta de si estas restricciones excepcionales logran debilitar de manera estructural a las organizaciones criminales o si terminan concentrando sus efectos principalmente en personas sin nexos comprobados con el crimen.