Leire Díez, cuatro casas, y se queja al juez de que no tiene para comer
Leire Díez reitera su queja ante la Audiencia Nacional (AN) por el bloqueo de sus cuentas bancarias en relación a su condición de imputada en el «caso SEPI».
La exmilitante del PSOE asegura que la medida le impide realizar movimiento económico alguno y, por ende, atender a «los gastos más elementales para su propia subsistencia».
Según argumenta su defensa en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la AN, al que ha tenido acceso en primicia LA RAZÓN, hay hasta ocho cuentas bloqueadas que no pertenecen a Díez, sino a sus familiares o están ligadas, incluso, a pensiones de terceros.
A través de su abogada, Eva María Bejarano, denuncia que este bloqueo «injustificado» vulnera sus derechos fundamentales al no existir «causa alguna que lo justifique, al ser ajena a los hechos objeto del presente procedimiento».
La letrada de la exmilitante socialista recuerda, además, que su clienta no consta como cotitular ni autorizada en estas cuentas, y tampoco tiene participación alguna en estos depósitos.
Desmiente que ostente cargo alguno que le permita disponer de ningún movimiento desde el pasado mes de diciembre. El momento en que se procedió al bloqueo, tras su detención y, posterior, puesta en libertad provisional con cautelares.
Esta periodista de profesión está siendo investigada por el presunto amaño de ayudas públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y entidades estatales vinculadas, a cambio de supuestas comisiones ilegales.
Por ello, se le atribuyen presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias, puesto que habría participado –junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario navarro Antxon Alonso, dueño de Servinabar y vinculado a Santos Cerdán– en una trama de amaños de un total de cinco adjudicaciones públicas, que en conjunto sumarían un valor de 123 millones de euros, a cambio del cobro de 731.000 euros en «mordidas» entre los años 2021 y 2023.
El magistrado que instruye el caso en la AN, Santiago Pedraz, decidió la semana pasada alargar la agonía judicial del PSOE al prorrogar, al menos, un mes más el secreto de sumario para proteger esta investigación.
En el escrito, la defensa de Díez argumenta que el bloqueo de las cuentas le impide tanto a ella como a su círculo familiar más cercano atender «sus gastos más elementales, como pudiera ser el de alimentación y el pago de los consumos y suministros de la vivienda en que residen».
No obstante, solicita subsidiariamente al juez Pedraz que, en caso de no acordar el levantamiento inmediato del bloqueo total de las cuentas bancarias, se proceda a un levantamiento parcial de las mismas. Y que así se le permita disponer de una cantidad económica mínima (de «2.500 euros») «para subsistir y poder hacer frente a los pagos más elementales del día a día», así como «otra cantidad inicial de 5.000 euros para poder hacer frente a los impagos atrasados».
«Basta con una somera lectura de los resguardos que acompañamos, para ver que de ninguna de dichas cuentas se deduce una actividad sospechosa de ser delictiva», reza el escrito. La defensa añade que las medidas cautelares acordadas han dejado a su clienta y su círculo familiar en una «situación de desamparo absoluto, en la que no pueden atender sus necesidades básicas».
Detalla que en dichas cuentas constan que los únicos ingresos de los que mensualmente se nutre son la nómina de Díez, la actividad profesional de su esposo y los gastos normales de su unidad familiares, como la hipoteca, consumos y suministros.
Por otro lado, en aras de mantener la protección de su intimidad, traslada también al magistrado instructor su preocupación porque se lleve a cabo un expurgo de todos los documentos o información que obre en las actuaciones y que sea de un periodo temporal distinto al que se está analizando (2021-2023).
Pero también quiere que se deje fuera del sumario «toda la información personal, profesional o de cualquier otro tipo recabada de los materiales, documentación información y dispositivos electrónicos» de Díez y de su familia «que no guarden relación con los hechos investigados en la causa».
Como otro requerimiento al juzgado, su defensa solicita la «devolución inmediata» de los móviles, ordenadores, iPad y otros aparatos electrónicos que fueron incautados por la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil tanto a ella como a su esposo en las cuatro viviendas relacionadas con la exmilitante: una en Portugalete (Vizcaya), otra en Vega de Pas (Cantabria) y dos más en el municipio madrileño de Leganés y en el barrio de Las Tablas.
Su recurso surte efecto
LA RAZÓN ha podido confirmar con fuentes conocedoras del procedimiento judicial, que aún está bajo secreto de sumario, que el juez Santiago Pedraz ha ordenado desbloquear algunas cuentas en entidades bancarias vinculadas a Leire Díez, que pertenecían a su círculo familiar.
Pero algunas, como una de la época en que su madre fue presidenta de su comunidad de vecinos, siguen suspendidas por mandato judicial. U otra también de una comunidad de propietarios en la que, asegura, ella no ostenta ningún cargo o responsabilidad, generándose «el consiguiente perjuicio» para los vecinos.